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Declaración sobre la situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario Hondureño

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COMISION DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y POLÍTICAS CARCELARIAS DEL
PARLAMENTO LATINOAMERICANO

VISTO:

  • Que en general la infraestructura y los servicios de rehabilitación de los centros de internamiento penitenciario de América Latina son deficientes.
  • Que en la mayoría de los Estados miembros del Parlatino existe sobrepoblación carcelaria y un número importante de presos  se encuentra en condición de prisión preventiva.  Algunos de ellos sin juicio programado, de lo cual Honduras no es la excepción.
  • Que la privación de libertad del ser humano es un castigo extremo en una sociedad; empero, si las condiciones de vida y convivencia son deplorables, ello contribuye al deterioro de la dignidad de los que purgan encierro.
  • Que los centros penitenciarios deben reunir condiciones adecuadas para albergar de la mejor forma a los privados y privadas de libertad.
  • Que el personal administrativo y de custodia de los centros penitenciarios deben estar debidamente capacitados y sensibilizados en derechos humanos.
  • Que lamentablemente varios Estados miembros del Parlatino han tenido que intervenir ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en casos relativos a centros penitenciarios, siendo que el Estado de Honduras enfrenta en este momento audiencias ante esas instancias supranacionales.
  • Que esta Comisión ha tomado como parámetro o modelo el sistema adoptado en la República Dominicana por tener resultados exitosos, previa comprobación “in situ”, modelo que se sugiere puede ser analizado por las autoridades de Honduras.

CONSIDERANDO:

  • Que el sistema carcelario hondureño refleja en este momento vulnerabilidad,  lo que implica un esfuerzo integral importante de las autoridades para mejorarlo.
  • Que los organismos de derechos humanos y las entidades estatales han determinado que las 24 cárceles hondureñas fueron construidas para albergar a unos 8.000 presos, pero se mantienen en el sistema 13.000, siendo que un 60% aproximadamente no tienen condena.
  • Que se han estado produciendo motines e incendios que han cobrado la vida de docenas de reclusos.  Solo en el incendio de la granja penal de Comayagua perdieron la vida 361 privados de libertad y el amotinamiento del centro penal de San Pedro Sula dejo un saldo de 13 fallecidos.
  • Que se ha dado un buen paso con la creación del Instituto Penitenciario que permitirá tener mayor control en la administración de los centros y asegurar el goce de los derechos de los privados de libertad.
  • Que han sido todavía insuficientes los cambios para mitigar los riesgos que tienen en este momento los internos, en el sistema penitenciario hondureño.
  • Que se podrían estar dando conflictos entre pandillas a lo interno de los centros penitenciarios en Honduras que no han sido contrarrestados de forma ágil y sin violencia por las autoridades competentes.
  • Que hay evidencias del escaso control sobre armas, bebidas alcohólicas y aparatos electrónicos, como sucede de igual forma en muchos países de América Latina, solo que en el caso hondureño con la aparente aquiescencia de los guardias que cuidan los centros penales con el objeto que los internos se ataquen entre sí, lo cual debería ser investigado por las autoridades.

La Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano

RESUELVE:

  • Apoyar los cambios legales que ha realizado el Congreso Nacional hondureño (Ley del Sistema Penitenciario Nacional) y las medidas administrativas que está desarrollando el gobierno de la República de Honduras, sobre todo el traslado de las prisiones de la Policía Nacional al Instituto Nacional Penitenciario.
  • Afirmar los esfuerzos que realice la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras.
  • Se refuerce el cuerpo de fiscales del Ministerio Público.
  • Se identifiquen los responsables de los hechos donde murieron docenas de privados de libertad puestos bajo custodia del gobierno.
  • Dar un voto de apoyo a los grupos defensores de derechos humanos, a la Corte Suprema de Justicia, y a las nuevas autoridades que se encargaran del sistema penitenciario nacional hondureño.
  • Se diseñen políticas carcelarias que tengan como énfasis la reinserción de las personas privadas de libertad a la sociedad
 
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