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Hará recomendaciones sobre políticas legislativas de lucha contra la producción, el comercio y el consumo ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus consecuencias, así como contra toda forma de crimen organizado y sus diversas manifestaciones. Asimismo recomendará la adopción de medidas para prevenir y combatir los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas, como también contra la corrupción generalizada.
La seguridad ciudadana implica la plena vigencia de los derechos humanos, la eficiencia de las instituciones públicas para dar respuesta a las distintas demandas sociales y en definitiva, la primacía del estado de derecho en todos los ámbitos de la comunidad organizada. Es una de las exigencias sociales más importantes de la actualidad frente a la violencia, el aislamiento y la pérdida del sentimiento de seguridad. Se elaborará un diseño de medidas de prevención y control de la criminalidad que deberán ser implementadas por el Gobierno Regional en coordinación con los municipios y autoridades nacionales.
