LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

 

Período de Gobierno: 2000-2007 

Período Legislativo: 1er Período Extraordinario 2001 

No. de Expediente: 140 

Entrada en Cuenta: 30/08/2001 

Proponente: Presentado por la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. 

 

Objeto: El objeto de esta Ley es prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos por la delincuencia organizada, establecer los delitos considerados propios o específicos de estas organizaciones criminales, así como la pertenencia a estas asociaciones delictivas organizadas, sin que ello obste para que se observen las disposiciones que establece la Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos Protocolos. 

 

Observaciones: Devuelta a la Comisión el día 06-04-05, según oficio del 05-04-05 

 

Discusiones:  

Fecha de la 1º Discusión : 06/09/2001

Fecha de aprobación de la 1º Discusión : 06/09/2001

 

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Informe para segunda discusión, distribuido el 15-03-05; próximo a ser debatido en la Plenaria

 

 

 


LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 

Decreta la siguiente,

 

1. Se propone aprobar sin modificaciones el titulo del proyecto, quedando igual su contenido:

 

LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

 

2. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Titulo I, quedando igual su contenido:

 

TITULO I - DEL AMBITO DE LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

 

3. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 1, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 1. Del ámbito de la Ley. El objeto de esta Ley es prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos por la delincuencia organizada, establecer los delitos considerados propios o específicos de estas organizaciones criminales, así como la pertenencia a estas asociaciones delictivas organizadas, sin que ello obste para que se observen las disposiciones que establece la Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos.

 

Se propone modificar el artículo 2, a los fines de delimitar el ámbito de las definiciones solo a la aplicación de la Ley, se propone agregar: “A los efectos de esta Ley se entiende:” Para mejor redacción se eliminan los “Del” de los numerales. Se propone eliminar los numerales 7 y 8 para evitar confusiones con las normas que tipifican estos delitos de legitimación de capitales y conspiración. Se modifica este artículo, a los fines de que la definición esté precisa de acuerdo al el principio de legalidad y se suprime en el numeral primero lo referente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quedando su texto como sigue:

En el numeral sexto se cambia el nombre del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de acuerdo a la resolución del Ministerio de Interior y Justicia, publicada en Gaceta Oficial número 37.193 del miércoles 10 de mayo de 2001.

 

Artículo 2. A los efectos de esta Ley se entiende por:

 

1. Grupo de delincuencia organizada. Se considera grupo de delincuencia organizada a los fines de esta Ley la actividad desempeñada por tres o más personas asociadas por cierto tiempo para conspirar con la intención de cometer los delitos establecidos en el artículo 3 de esta Ley y los tipificados en ella de manera concertada, independientemente de la permanencia en dicha asociación de alguno de sus perpetradores, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.

 

2. Grupo estructurado. Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de uno de los delitos previstos en esta Ley y en el que no se haya asignado necesariamente a sus miembros funciones formalmente definidas, ni haya continuidad en la condición de miembro del grupo o exista una estructura desarrollada.

 

3. Entrega vigilada o controlada. Se entiende por entrega vigilada la técnica que consiste en dejar que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o de químicos esenciales desviados o de sustancias que se hayan sustituido por los órganos de investigaciones penales, salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes con el fin de investigar delitos y a las personas involucradas en la comisión de éstos.

 

Mediante esta técnica, una vez recibida la noticia por las autoridades competentes de la llegada de un cargamento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o de químicos esenciales desviados, se retrasa la orden de captura o de detención de los correos, traficantes o cómplices y el decomiso o confiscación de estas sustancias con el fin de descubrir e identificar a las personas responsables de efectuar el transporte, a los destinatarios y organizadores del tráfico. Las entregas vigiladas o controladas pueden ser nacionales o internacionales.

 

4. De los bienes. Por bienes se entenderán los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos, así como capitales, valores, títulos o haberes.

 

5. Del producto del delito. Por producto del delito se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito.

 

6. De los agentes de operaciones encubiertas. Son aquellos agentes que perteneciendo a las unidades especiales contra el tráfico ilícito de drogas de El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la Guardia Nacional o de la Armada, debidamente preparados y especializados en las modalidades técnicas de una operación encubierta, sin antecedentes penales ni disciplinarios que asumen una identidad diferente a la de agente de policía en el cumplimiento de su deber, a fin de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias incriminatorias de los autores y cómplices de los delitos de delincuencia organizada referente a las conductas de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, químicos esenciales desviados y legitimación de capitales, entendidas estas operaciones como de carácter excepcional, bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público que investiga el caso y con la autorización previa del juez de control cuando la investigación del delito aparezca como imposible o sumamente difícil su esclarecimiento por otra vía, así como para efectuar los decomisos o confiscaciones necesarios.

 

7. De los delitos graves. Por delitos graves se entenderán los delitos con pena corporal privativa de libertad máxima de seis (6) años.

 

8. De los sujetos obligados. Sujeto obligado es aquella persona jurídica o natural que por imperio de la ley adquiere carácter de garante en virtud de competencia por organización con la obligación de evitar ser utilizado como intermediario financiero o de otra índole por la delincuencia organizada para legitimar capitales, por lo que no puede captar dinero, ni bienes o títulos valores a su propio riesgo para impedirle las autoapuestas en peligro. Al negarse la acción a propio riesgo se le establece el cumplimiento de normas obligatorias de cuidado, defensa y seguridad que exigen determinados deberes y obligaciones de diligencia y buena fe instituidos para disminuir y evitar la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos por el hecho (acción u omisión) cometido por el sujeto obligado. Así el riesgo que pueda crear con su gestión normal de negocio está jurídicamente permitido.

 

4. Se propone modificar el artículo 3, en el encabezamiento a los fines de precisar la aplicación de esta Ley a los delitos tipificados por estas leyes, con la finalidad de evitar equívocos en el ámbito de su aplicación, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 3. Delitos de delincuencia organizada. A los efectos de la aplicación de esta Ley, se consideran delitos de delincuencia organizada los indicados en este artículo y los tipificados en esta Ley cuando su comisión la realicen los miembros de un grupo de delincuencia organizada o grupo estructurado en los términos previstos en esta Ley.

 

1. El tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sus materias primas, insumos, productos químicos esenciales, solventes y precursores o de otra naturaleza, desviados y utilizados para su producción del Título III, Capítulo I de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

 

2. La importación, exportación, fabricación y comercio ilícito de armas y explosivos.

 

3. La estafa y otros fraudes del Título X, Capítulo III del Código Penal.

 

4. Los delitos bancarios o financieros del Título V, Capítulo I, Sección Segunda de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

 

5. El robo a mano armada por tres personas o más tipificado en los artículos 457, 458 y 460 del Código Penal.

 

6. La corrupción política y administrativa. Los delitos contra la cosa pública de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público tipificados en los artículos 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77 y 79.

 

7. Los delitos tipificados en la Ley Penal del Ambiente en los artículos 54, 59 en su parágrafo único y 63, relativos a la difusión de gérmenes, caza y destrucción en áreas especiales y ecosistemas especiales e introducción de desechos tóxicos, respectivamente.

 

8. El hurto y robo de vehículos automotores tipificados en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores.

 

5. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Título II del Proyecto, quedando igual su contenido:

 

TITULO II - DE LOS DELITOS

 

6. Se propone sustituir el acápite del Capitulo I del Proyecto suprimiendo “ De los Delitos contra la propiedad”, por “De los delitos contra los recursos o materiales estratégicos”, quedando su texto como sigue:

 

Capítulo I - De los delitos contra los recursos o materiales estratégicos

 

7. Se propone suprimir el contenido del artículo 4, en consecuencia se corre la numeración:

 

8. Se propone modificar el artículo 5 que pasa a ser el 4, a fin de eliminar la referencia de Delincuencia Organizada, agregando “ Quienes trafiquen “, asimismo se definen recursos y materiales estratégicos, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 4. Del tráfico ilícito de metales, piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos. Quienes trafiquen con metales, piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos sus productos o derivados, será castigado con prisión de tres (3) a seis (6) años.

 

Se entiende por recursos y materiales estratégicos los insumos críticos que se utilizan en los procesos económico-productivos, sociales y políticos del país.

 

9. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo II, quedando igual su contenido:

 

Capítulo II - De los delitos contra el orden socio-económico

 

10. Se propone modificar el artículo 6 que pasa a ser el 5, mejorando la redacción de su encabezamiento, se propone suprimir el penúltimo aparte relativo a la responsabilidad penal o dolosa de las personas naturales actuando en representación de la persona jurídica, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 5. De la legitimación de capitales. Quienes por si o por interpuesta persona, natural o jurídica, sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes que fueren derivados directa o indirectamente de actividades delictivas y cuyo origen no se pueda justificar, serán sancionados con prisión de ocho (8) a doce (12) años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado.

 

La misma pena será aplicada a quien por si o por interpuesta persona realice intencionalmente las siguientes actividades:

 

1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio, de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

 

2. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o la propiedad de bienes o de derechos relativos a dichos bienes o les dé apariencia de legalidad.

 

3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes con el conocimiento de que los mismos proceden de alguno de los delitos tipificados en esta Ley.

 

4. El que resguarde, invierta, transforme, custodie o administre bienes o capitales cuyo origen mediato o inmediato tenga su origen en actividades ilícitas.

 

Los capitales, bienes o haberes objeto del delito serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos.

 

11. Se propone modificar el artículo 7 que pasa a ser el 6, cambiando el título del mismo y precisando quienes son los responsables penalmente de acuerdo con lo previsto en el Capítulo I de Título V de esta Ley. Así mismo se eliminaron los dos últimos párrafos por no ser pertinentes al Delito Culposo, se propone agregar en lo que será su único aparte lo siguiente “independientemente de la sanción por lucro indebido, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 6. Favorecimiento culposo en la prevención, control y detectación de la legitimación de capitales. Cuando el delito previsto en el artículo anterior de esta Ley se cometa por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley, por parte de los responsables de los sujetos obligados del Capítulo I del Título V de esta Ley, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Título III, Capítulo IV de esta Ley. En estos delitos no habrá lugar a la figura de la conspiración.

 

Las personas jurídicas serán sancionadas con multa igual al valor de los capitales, bienes o haberes objeto de las operaciones de legitimación de capitales, y con cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 46 de esta Ley independientemente de la sanción por lucro indebido.

 

12. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo III, quedando igual su contenido:

 

Capítulo III - De los delitos contra el orden público

 

13. Se propone modificar el artículo 8 que pasa a ser el 7, a los fines de mejorar su redacción para evitar interpretaciones con relación la vulneración de la presunción de inocencia y se propone eliminar el último aparte al no ser necesario en esta redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 7. De la conspiración. Quienes formen parte de una asociación de delincuencia organizada o grupo estructurado para cometer delitos indicados en el artículo 3 de esta Ley o los tipificados en ella y se concierten o confabulen para cometer delitos, así no se le imputare ningún otro delito, serán penados por este solo hecho con pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, sin perjuicio de la aplicación de la pena correspondiente al delito cometido si fuere el caso.

 

Si la asociación es armada se les aplicará una pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión. A aquellos que la promuevan, organicen o dirijan, se les aplicará una pena de ocho (8) a diez (10) años de prisión.

 

14. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 9 que pasa a ser el 8, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 8. Del terrorismo. Quien pertenezca, actúe al servicio o colabore con bandas armadas, organizaciones o grupos de delincuencia organizada cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional y las instituciones democráticas o alterar gravemente la paz pública y cometa los delitos de estragos, catástrofes o incendio, o de hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosivos tipificados en el Código Penal y en esta Ley respectivamente, será castigado con prisión de diez (10) a quince (15) años.

 

15. Se propone suprimir en este espacio el artículo 10 “ del tráfico de armas” que pasa a ser el artículo 11 del proyecto.

 

16. Se propone agregar un articulo referido a los “Agravantes del delito de terrorismo” quedando en el orden como artículo 9, con la siguiente redacción:

 

Artículo 9. De las agravantes del delito del terrorismo. Cuando los delitos tipificados en el artículo anterior sean cometidos:

 

a) Con armas insidiosas o con el uso de uniformes civiles o militares como disfraz.

 

b) Cuando se utilicen sustancias químicas o biológicas capaces de causar daño físico o mental o crear epidemias o medios tecnológicos de información contra los sistemas económicos o de las instituciones del Estado.

 

c) Cuando se cometan contra niños o niñas y adolescentes.

 

d) Cuando se usen en armas nucleares.

 

e) Cuando se cometan en naves, aeronaves o vehículos de motor para uso colectivo o los mismos sean utilizados para cometer actos terroristas.

 

f) Cuando se cometan contra hospitales o centros asistenciales, el correo estatal, represas hidroeléctricas, instalaciones petroleras, nucleares o sistemas cibernéticos o informáticos del Estado.

 

g) Cuando se cometan en la persona del Presidente o el Vicepresidente, Ministros, Magistrados del Tribunal Supremo, Diputados a la Asamblea Legislativa, Fiscal General, Contralor General, Procurador General de la República o Defensor del Pueblo o Alto Mando Militar; la pena será aumentada de 18 a 20 años de prisión.

 

17. Se propone agregar un nuevo artículo referido a de los cómplices y cooperador necesario y se agrega un párrafo sobre los cooperadores necesarios, quedando en el orden de proyecto identificado con el número 10, redactado su texto como sigue:

 

Artículo 10. De los cómplices y cooperador necesario. Quienes faciliten, encubran, presten asistencia o auxilio o den instrucciones o suministren medios para utilizarlos, serán sancionados con las tres cuartas partes de la pena correspondiente al hecho perpetrado.

 

Los cooperadores necesarios serán sancionados de acuerdo con las reglas del Código Penal.

 

18. Se propone modificar el artículo 10 que pasa a ser el artículo 11, suprimiendo “perteneciendo a un grupo de Delincuencia Organizada en conexión con ella” por ser innecesario en virtud de la redacción del artículo 3 y se pluralizan los verbos y el sujeto, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 11. Tráfico de armas. Quienes exploten ilícitamente la industria de armas y explosivos en general, importen, exporten, fabriquen, trafiquen, suministren, u oculten armas o explosivos, serán castigados con pena de cinco (5) a ocho (8) años de prisión.

 

Si son armas de guerra la pena será de seis (6) a diez (10) años de prisión.

 

19. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo IV, quedando igual su contenido:

 

Capítulo IV - De los delitos contra la fe pública

 

20. Se propone modificar el artículo 11 que pasa a ser el 12, a los fines de mejorar su redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 12. Del lucro indebido y del lucro ilícito. Cualquiera de los sujetos obligados que por negligencia incumpliere las normas de Prevención y Control contra la Legitimación de Capitales contenida en el Capítulo I, del Título V de esta Ley por la finalidad de lucro indebido en la reducción de costos por personal, programas y controles eficientes y eficaces, esta persona jurídica será sancionada con multa del 0,5 % de su capital pagado.

 

Cuando cualquiera de los sujetos obligados obtenga beneficios del dinero recibido a su propio riesgo para no justificar el gasto de investigar el origen y destino del dinero, será sancionado con multa del 1 % de su capital pagado y sus directivos con pena de prisión de dos (2) a tres (3) años. En estos delitos no habrá lugar a la figura de la conspiración.

 

21. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 12 que pasa a ser el artículo 13, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 13. De la falsificación de moneda o títulos de crédito público. Cualquiera que haya falsificado la moneda nacional o extranjera que tenga curso legal o comercial dentro o fuera de la República, o que la hubiere alterado para darle apariencia de mayor valor, o disminuya su peso de ley, o la introduzca en el país, o la ponga en circulación de cualquier manera o facilite a otros los medios para hacerla circular, se le aplicará la pena de cinco (5) a diez (10) años de prisión.

 

Quien fabrique, custodie, oculte o conserve instrumentos o equipos exclusivamente destinados a la fabricación o alteración de monedas se le aplicará la pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión.

 

22. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo V, quedando igual su contenido:

 

Capítulo V - De los delitos contra las personas  y la libertad individual

 

23. Se propone modificar el artículo 13 que pasa a ser el 14, en relación al cambio “de menores” por “ niños niñas o adolescentes” para adecuarlo a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 14. De la trata de personas. Quien explote la trata de personas de cualquier sexo o edad con el propósito de lucrarse, será penado con prisión de ocho (8) a diez (10) años. En caso de que se trate de niños, niñas o adolescentes la pena se incrementará en una tercera parte y si la explotación es con fines de corrupción sexual se incrementará la pena a la mitad.

 

24.Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 14 que pasa a ser el 15, en su Título para cambiarlo por tráfico de migrantes y en el contenido por el tráfico de extranjeros, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 15. Tráfico de migrantes. Quien explote el tráfico de extranjeros a fin de lograr que sean admitidos en el territorio de Venezuela por cualquier medio ilícito o alterando o falsificando documentos de identificación, será castigado con pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión.

 

25. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 15 que pasa a ser el 16, a los fines de cambiar la redacción para poner el sujeto en plural y para aumentar la pena en el segundo párrafo por el delito de secuestro extorsivo por una mayor que la establecida en el Código Penal por ser cometido por estas asociaciones delictivas, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 16. De la privación ilegítima de libertad y secuestro. Cualesquiera que hayan privado a una persona de su libertad individual, será castigado con prisión de ocho (8) a diez (10) años.

 

Si el secuestro se realiza con ánimo de lucro o para exigir libertad, canje de prisioneros o reivindicaciones de tipo social, político o por fanatismo religioso u otra exigencia semejante será castigado con prisión de doce (12) a dieciséis (16) años.

 

 

26.Se propone modificar el artículo 16 que pasa a ser el 17, para agregar el adjetivo específicas a las agravantes en el Título, para adaptarlo al vocabulario de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente , “ de niños, niñas y adolescentes” y a los fines de aumentar la pena de secuestro, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 17. De las agravantes específicas de la privación ilegítima de la libertad y secuestro. Cuando los delitos tipificados en el artículo anterior sean cometidos:

 

1. Contra niños, niñas o adolescentes o mayores de setenta años.

 

2. Por un grupo armado o utilizando uniformes o símbolos de autoridad.

 

3. Con tortura u otra forma de violencia.

 

4. Con el concurso de una organización internacional.

 

5. Cuando medie la relación de confianza o empleo para realizarla.

 

6. En las zonas de seguridad fronteriza previstas en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, o en jurisdicción especial creada por esa misma Ley o en despoblado.

 

7. Con propósitos terroristas o con traslado a territorio extranjero.

 

8. Contra el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, Ministros o Secretario de la Presidencia, Miembros del Consejo de Estado, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Diputados a la Asamblea Nacional de la República, Fiscal General, Contralor General o Procurador General de la República, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Gobernadores, Concejales de las Consejos Legislativos Estadales, Alcaldes o Concejales Municipales, Miembros del Alto Mando Militar, Miembros del Cuerpo Diplomático, Consular o de Organismos Internacionales así como en contra de sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

 

Se le aplicará pena de prisión de diez (10) a quince (15) años para la privación ilegítima de libertad y de catorce (14) a dieciocho (18) años para el secuestro.

 

27. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 17 que pasa a ser el 18, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 18. De los cómplices. Será sancionado como cómplice de los delitos de privación ilegítima de libertad y de secuestro el que, sin dar parte a la autoridad, haya llevado correspondencia o mensajes escritos o verbales para hacer que se consigan los fines de los delitos previstos en los artículos anteriores. La sanción aplicable será la correspondiente al secuestrador rebajada en la mitad.

 

 

28. Se propone modificar el artículo 18 que pasa a ser el 19, para cambiar su redacción en función de el plural con relación al sujeto y los verbos, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 19. De la manipulación genética ilícita. Quienes ilegalmente manipulen genes humanos de manera alteren el genotipo, serán castigados con pena de tres (3) a seis (6) años de prisión.

 

Si se fecundan óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o se realizan actos de creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza, serán castigado con prisión de seis (6) a ocho (8) años.

 

Si utilizan la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana, serán castigados con prisión de ocho (8) a diez (10) años.

 

29. Se propone modificar el artículo 19 que pasa a ser el artículo 20, con la finalidad de agregarle el adverbio y legalmente y asimismo al sujeto y los verbos, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 20. Del tráfico ilegal de órganos. Quienes ilegalmente trafiquen, transplanten o dispongan de órganos, sangre total, sangre fresca, concentrado globular, concentrado plaquetario, plasma u otros tejidos derivados o materiales anatómicos provenientes de un ser humano, serán castigados con prisión de seis (6) a ocho (8) años.

 

 

30. Se propone modificar el artículo 20 que pasa a ser el artículo 21, en su redacción para llevar al plural a los actores y se propone modificar la pena de 15 a 23 años y suprimir la frase y “tramitaron”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 21. Del sicariato. Quienes hayan dado muerte a alguna persona por encargo o contrato cumpliendo órdenes de una asociación de delincuencia organizada, será penado con prisión de quince (15) a veintitrés (23) años. Con igual pena será castigado el contratante y los miembros de la organización que dieron la orden.

 

31. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo VI, quedando igual su contenido:

 

Capítulo VI - De los delitos contra la administración de justicia

 

32. Se propone modificar el artículo 21 que pasa a ser el 22, para llevarlo a plural y se agrega “a través de los medios indicados en este Artículo” en relación a que las conductas sancionadas son las que en esa norma se establecen, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 22. De la obstrucción a la administración de justicia. Quienes obstruyeren la administración de justicia o la investigación penal a través de los medios indicados en este artículo en beneficio de una organización de delincuencia organizada o de algunos de sus miembros será castigado así:

 

1. Si es por medio de violencia, con pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito de lesiones.

 

2. Si es infiriendo el temor de grave daño a una persona, su cónyuge, familia, honor o bienes o bajo la apariencia de autoridad oficial, con pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión.

 

3. Si es prometiendo o dando dinero u otra utilidad para lograr su propósito, será castigado con pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión, e igual pena se aplicará al funcionario público o auxiliar de la justicia que lo aceptare o recibiere.

 

4. Si destruye, modifica, altera o desaparece evidencias o datos acumulados por cualquier medio, será castigado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años.

 

33. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo VII, quedando igual su contenido:

 

Capítulo VII - De los delitos contra la conservación de los  intereses públicos y privados

 

34. Se propone modificar el artículo 22 que pasa a ser el artículo 23 con la finalidad de llevar el sujeto y los verbos a plural, se propone aumentar la pena de 8 a 12 años para que sea mayor que la establecida en la Ley Especial de Hurto y Robo de Vehículos, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 23. Apoderamiento y tráfico de vehículos de motor. Quienes se apoderen o trafiquen ilegalmente vehículos automotores, naves, aeronaves o ferrocarriles de cualquier clase, sus piezas o partes, serán castigados con pena de prisión de ocho(8) a doce (12) años.

 

35. Se propone suprimir el artículo 23 por tratarse de un delito informático, se corre la numeración.

 

36 Se propone modificar el acápite de Capitulo VIII por delitos sexuales y contra la familia, quedando su texto como sigue:

 

Capítulo VIII - De los delitos sexuales y contra la familia

 

37. Se propone modificar el artículo 24, con la finalidad de mejorar la redacción y adecuarlos al vocabulario de la Ley Orgánica para Protección del Niño y el Adolescente, se propone aumentar la pena de 6 a 10 años de prisión, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 24. Pornografía. Quienes exploten la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público, serán castigados con una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión. Si la pornografía fuere realizada con niños, niñas o adolescentes, la pena será de seis (6) a diez (10) años de prisión.

 

Todos los objetos producidos por esta industria ilícita, así como los equipos e instrumentos para su reproducción y los capitales destinados a tal fin serán decomisados.

 

 

38. Se propone modificar el artículo 25, en función del cambio del bien jurídico protegido del Capítulo, se propone agregar niños, niñas o adolescentes para adaptarlo a la Ley Orgánica de Protección al niño y al adolescente, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 25. Actividades ilícitas de las sectas religiosas simuladas. Cualquiera que simulando fines religiosos constituya o participe en sectas religiosas con el objeto de realizar actividades ilícitas sancionadas por esta Ley o contra la integridad de la familia, serán castigados con prisión de cinco (5) a ocho (8) años.

 

Si esta organización recluta niños, niñas o adolescentes, la pena se aplicará en su límite máximo.

 

39. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo IX, quedando igual su contenido:

 

Capítulo IX - De los delitos contra la cosa pública

 

40. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 26, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 26. De la corrupción. La persona jurídica u organización de hecho que soborne, ofrezca dinero, dádivas o ganancias indebidas a cualquier funcionario público o a un tercero para la celebración de algún contrato, concesión, licitación pública o privada o en la liquidación de haberes, efectos del patrimonio público o en el suministro de los mismos, u obtenga cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual ha tenido conocimiento el funcionario público en razón o con ocasión de la función desempeñada o por la opción de una decisión por parte de la autoridad pública, será considerado como una asociación de delincuencia organizada. Las personas naturales directivas e intermediarios perpetradoras de estos hechos delictivos en beneficio de la persona jurídica u organización de hecho, serán sancionadas con pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión, además de las penas previstas en el artículo 8 de esta Ley y las personas jurídicas serán sancionadas independientemente de las penas previstas en el artículo 45 de esta Ley con multa correspondiente al sesenta por ciento (60%) de los beneficios dados o prometidos.

 

El funcionario público que por razón de su cargo participe en la comisión de estos delitos será castigado con las mismas penas.

 

A los fines de la aplicación de esta norma no será necesario que los actos de corrupción produzcan perjuicio patrimonial al Estado.

 

41. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 27, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 27. De la corrupción política. Cualquiera que siendo miembro de un partido político, movimiento, grupo de electores o cualquier otra forma de asociación política, que por sí o por interpuesta persona dé u ofrezca dinero, bienes o cargos públicos o se valga de su poder para obtener algún beneficio político para su asociación o para él en cualquier toma de decisión que se efectúe en el seno de su organización o en un órgano colegiado de los poderes públicos centralizados o descentralizados o empresas del Estado, será sancionado con pena de tres (3) a seis (6) años de prisión.

 

Si fuere a su vez funcionario público o se cometiere con fondos del Estado, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Si se cometiere en elecciones populares para obtener votos o para cometer fraude, se sancionará con pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión.

 

Si los fondos de estas organizaciones políticas en tiempo normal o para campañas electorales provienen de cualquiera de los delitos o actividades de la delincuencia organizada previstos en esta Ley, los administradores de finanzas, jefes de campaña y los responsables de la vinculación con estas asociaciones de delincuencia organizada serán castigados con pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión.

 

42. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo X, quedando igual su contenido:

 

Capítulo X - De los delitos contra las finanzas públicas

 

43. Se propone modificar el artículo 28, en su Título por el de Apuestas ilegales. Se propone modificar el texto del artículo para llevar al plural al sujeto y verbo, se propone agregar la frase “que puedan perjudicar los ingresos del Estado”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 28. Apuestas ilegales. Quienes ilícitamente exploten o financien el negocio de apuestas que puedan perjudicas los ingresos del Estado serán castigado con pena de tres (3) a cinco (5) años de prisión.

 

Aquellos que promuevan, organicen o dirijan la industria ilegal de apuestas serán castigados con pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión. En todo delito cometido por apuestas ilegales serán decomisados el dinero del juego y todos los objetos destinados al efecto.

 

44. Se propone modificar el artículo 29, a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 29. Contrabando de mercancía. Quienes ilícitamente ingresen, trafiquen o exporten mercancías que por su volumen se consideren al por mayor, serán castigados con las penas que prevé la Ley Orgánica de Aduanas más la pena de conspiración contemplada en esta Ley.

 

45. Se propone modificar el artículo 30, para cambiar “cualquiera que hurte o funcionario público que se apropie” por : “Quienes se apoderen”, se propone suprimir lo referido al tramite previsto por el Ministerio de Finanzas. Se propone mejorar la redacción en su última frase, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 30. Hurto en zonas de potestad aduanera. Quienes se apoderen de mercancías que deben permanecer en depósitos o en zonas de almacenamiento sujetos a la potestad aduanera, previamente señalados o autorizados por el órgano competente, serán castigados con pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión. Si el hecho fuere perpetrado por funcionarios públicos la pena aplicable se incrementará en dos terceras partes.

 

46 Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo XI, quedando igual su contenido:

 

Capítulo XI- De los delitos contra los derechos económicos de  la propiedad intelectual e industrial

 

 

47. Se propone modificar el artículo 31, en relación al título por el de explotación ilícita de propiedad intelectual e industrial, se propone pluralizan el sujeto y los verbos, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 31. Explotación ilícita de propiedad intelectual e industrial. Quienes exploten productos protegidos por el derecho de autor o derechos conexos en forma ilícita de manera total o parcial mediante la reproducción, comunicación pública o distribución de obras, interpretaciones o alocuciones artísticas, fonogramas, emisiones de radiodifusión o los introduzcan al país, almacenen, distribuyan, vendan o de cualquier otra manera pongan a la disposición del público o en circulación dichas producciones ilícitas o eluda las medidas tecnológicas utilizadas para la defensa de los derechos respectivos, será castigado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión.

 

Igualmente, quienes realicen ilícitamente actos que menoscaben los derechos de propiedad industrial, divulguen o se aprovechen de los secretos industriales, serán castigados con pena de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa tanto para el caso de personas naturales como jurídicas equivalente a entre mil (1.000) y cuatro mil (4.000) unidades tributarias.

 

48.Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo XII, quedando igual su contenido:

 

Capítulo XII - De los delitos contra la libertad  de industria y comercio

 

49. Se propone modificar el artículo 32, a los fines de mejorar su redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 32. De la obstrucción de la libertad de comercio. Quienes por medio de violencia amenacen contra personas o propiedades, obstruyan, retrasen, restrinjan o afecten el libre desenvolvimiento del comercio o industria con el propósito de apoyar o beneficiar a un grupo de delincuencia organizada, serán castigados con prisión de cuatro (4) a seis (6) años.

 

Los jefes o promotores de estos actos delictivos serán castigados con prisión de cinco (5) a ocho (8) años.

 

 

50. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Título III, quedando igual su contenido:

 

TITULO III - DISPOSICIONES COMUNES AL CAPITULO PRECEDENTE

 

51.Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo I, quedando igual su contenido:

 

Capítulo I - De la participación de los funcionarios públicos  en los delitos tipificados en esta Ley

 

52. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 33, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 33. De la participación del funcionario público. Cuando el autor o partícipe de cualquier manera en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley sea un funcionario público, además de la pena impuesta de acuerdo a su responsabilidad penal, se le aplicará como pena accesoria la destitución y quedará impedido para ejercer funciones públicas o suscribir contratos con el Estado y sus empresas por un período de uno (1) a cinco (5) años después de cumplir la pena. Si la comisión del delito fuere en perjuicio de cualquier organismo del Estado, ya sea Nacional, Estadal o Municipal, se aplicará la pena en su límite máximo.

 

53 Se propone modificar el acápite de Capitulo II, a fin de cambiar “decomiso” por “comiso” , que es sustantivo de la real academia española, siendo el verbo decomiso, quedando como sigue:

 

Capítulo II - Del comiso y la confiscación

 

54. Se propone modificar el artículo 34 en su segundo párrafo, con el fin de suprimir “el artículo 118 Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,” con el fin de prevenir posible cambios de la numeración en el articulado de la Ley, actualizando la denominación a la normativa vigente, de quedando su texto como sigue:

 

Artículo 34. Del comiso y confiscación. Es necesariamente accesoria a la pena principal el comiso de los bienes muebles e inmuebles, insumos, materias primas, maquinarias, equipos, capitales o productos y sus beneficios provenientes de los delitos cometidos por los miembros de una asociación de delincuencia organizada para sí o para terceros, así se encuentren en posesión o propiedad de interpuestas personas o de terceros sin participación en estos delitos, ya sean personas naturales o jurídicas. Serán destruidos todos los instrumentos o equipos para falsificar o alterar monedas o títulos de crédito público.

 

En los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o contra el patrimonio público, los bienes provenientes de actividades relacionadas con tales delitos serán confiscados previa decisión judicial. Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas serán destruidas por incineración u otro medio apropiado ante un juez de control, un fiscal del Ministerio Público y un funcionario de un órgano de policía de investigaciones penales, siguiendo el procedimiento pautado en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y los demás bienes producto de otros delitos de delincuencia organizada serán destruidos cuando su naturaleza socialmente peligrosa lo exija.

 

Igualmente será pena accesoria el decomiso de los instrumentos, equipos, armas, vehículos y efectos con que se cometió el hecho punible de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 46 de esta Ley, y en lo relativo a las armas se ejecutará de conformidad con las reglas del Código Penal.

 

55. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 35, quedando igual su contenido:

 

Artículo 35. De la incautación de vehículos de transporte. Las naves, aeronaves o vehículos de transporte terrestre o contenedores utilizados por la delincuencia organizada para cometer delitos serán incautados preventivamente de conformidad con lo pautado en esta ley. Se exonerará de tal medida cuando concurran circunstancias que demuestren la falta de intención del propietario. En todo caso se resolverá de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

56. Se propone modificar el artículo 36, al realizar corrección de estilo con el fin de precisar el actor procesal al final del segundo aparte, cambiando “procesado” por “acusado”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 36. Del bloqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias. Durante el curso de una investigación por cualquiera de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, el fiscal del Ministerio Público solicitará ante el juez de control autorización para el bloqueo o inmovilización preventiva de las cuentas bancarias que pertenezcan a la organización o persona investigada o que hayan servido como medio para cometer los delitos, así pertenezcan a terceras personas naturales o jurídicas, así como también la clausura preventiva de cualquier local, establecimiento, comercio, club, casino, centro nocturno, de espectáculos o de industria vinculada con la organización investigada.

 

Abierta la investigación penal por el fiscal del Ministerio Público, si no hubiere ordenado el bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias del imputado y el ente bancario o financiero donde el imputado tiene sus cuentas tuviese problemas con autoridades extranjeras de regulación o de investigación penal donde tiene sucursales o agencias que le exigen suspender las transacciones u operaciones de ese cliente a su país, o porque han transcurrido tres (3) meses sin que se tomen medidas preventivas, el sujeto obligado podrá cerrar las cuentas de ese cliente y suspender la prestación de servicios por el perjuicio que le causa a su reputación y credibilidad como institución financiera.

 

A los fines de practicar las medidas cautelares y de incautación, decomiso o confiscación sobre los bienes, el juez penal esta facultado para ejecutarlo independientemente de la titularidad jurídica formal y en consideración a la disponibilidad económica del acusado.

 

Igualmente está facultado para declarar la nulidad de aquellos actos o negocios jurídicos que hayan servido para simular u ocultar la verdadera titularidad o propiedad de los bienes respetando los derechos de terceros de buena fe.

 

En el caso de fraudes con dispositivos de acceso de crédito, las instituciones bancarias o financieras podrán ejercer un derecho de retención hasta por el monto del fraude de las cantidades de dinero que se encuentren depositadas en las cuentas del comerciante por donde se cometió el fraude, ya sea persona jurídica o natural y en la cuenta personal de éste, si ha habido transferencias de la cuenta de la empresa a la personal en el lapso posterior al hecho delictivo, retención que cesará al incautarlas el Ministerio Público.

 

57. Se propone modificar el artículo 37, con el fin de cambiar “decomiso” por “comiso” que es sustantivo de la real academia española, siendo el verbo decomiso, se propone en su último aparte se colocar el nombre que tiene el actual proyecto de ley “Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 37. De los bienes objeto de comiso o confiscación. Los bienes muebles o inmuebles, capitales, naves o aeronaves y cualquier medio de transporte terrestre, y demás objetos que empleare la delincuencia organizada para cometer el delito, así como aquellos bienes sobre los que existan fundadas sospechas acerca de su procedencia delictiva tales como bienes y capitales de los cuales no se pueda demostrar lícita procedencia, haberes bancarios y nivel de vida que no se correspondan con los ingresos o cualquier otro aporte lícito, importaciones o exportaciones falsas, sobre o doble facturación, traslado de dinero en efectivo violando las normas aduaneras, transacciones bancarias o financieras hacia o desde otros países sin que se pueda comprobar su inversión o colocación lícita, transacciones inusuales, en desuso, no convencionales, estructuradas o de tránsito catalogadas de sospechosas por los sujetos obligados y con elementos de convicción en la investigación penal, tener empresas o compañías falsas o cualquier otro elemento de convicción a menos que la ley prohiba expresamente admitirlo, serán en todo caso incautados preventivamente y se pondrán, en caso de sentencia condenatoria definitivamente firme, a disposición del Ministerio de Finanzas, el cual dispondrá de los mismos y los asignará a la ejecución de programas que realizan los organismos públicos dedicados a la prevención, control, fiscalización y represión de dichos delitos.

 

Cuando los bienes a que se refiere este artículo provengan de los delitos tipificados en la la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, éstos serán confiscados y se adjudicarán en la sentencia condenatoria definitivamente firme al Estado Venezolano a través de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas, la cual dispondrá de los mismos a los fines de la asignación de recursos para la ejecución de sus programas y los que realizan los organismos públicos dedicados a la represión, control y fiscalización de los delitos tipificados en la citada Ley y los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reincorporación social de los consumidores.

 

58 Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 38, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 38. De los servicios de administración de bienes asegurados, decomisados o confiscados. Para cumplir los fines establecidos en el artículo anterior, tanto el Ministerio de Finanzas como la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas crearán un servicio de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Confiscados para tomar las medidas necesarias de debida custodia, conservación y administración de los mismos a fin de evitar que se alteren, desaparezcan, deterioren o destruyan y podrá designar depositarios o administradores especiales quienes deberán someterse a su directriz y presentarán informes periódicos sobre su gestión. Estas personas tendrán el carácter de funcionarios públicos a los fines de la guarda, custodia y conservación de los bienes y responderán administrativa, civil y penalmente ante el Estado y terceros agraviados. A solicitud de una institución pública dedicada a la prevención, control o represión de estos delitos, el administrador solicitará a un juez de control la autorización para entregar el bien bajo su custodia en comodato a la institución pública solicitante, haciendo responsable a la misma de la guarda y mantenimiento de este bien.

 

59. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 39, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 39. De la interpuesta persona. En los procesos por el delito de legitimación de capitales tipificado en el artículo 5 de esta Ley, el juez competente a instancia del Ministerio Público podrá declarar como interpuesta persona a las personas naturales o jurídicas que aparezcan como propietarios o poseedores de dinero, haberes, títulos, acciones, valores, derechos reales, personales, bienes muebles o inmuebles cuando surja la presunción de que fueron adquiridos con el producto de las actividades de la delincuencia organizada.

 

60. Se propone modificar el artículo 40, a fin de mejorar su redacción, suprimiendo la frase “de oficio” en su segunda línea luego de “requerir”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 40. De las medidas preventivas para las personas interpuestas. El fiscal del Ministerio Público podrá requerir - las medidas preventivas o ratificar las medidas tomadas por los funcionarios de investigaciones penales en el caso previsto en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal y obtener la debida autorización del juez de control. Las personas interpuestas podrán demostrar en cualquier fase del proceso penal que los bienes afectados provienen de negocios lícitos y ajenos a los delitos sancionados en esta Ley.

 

61. Se propone modificar el artículo 41, al agregar el adjetivo “mejor” en concordancia con las nuevas técnicas y procedimientos en la prevención de la legitimación de capitales, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 41. De la mejor diligencia debida y buena fe. Las personas jurídicas o naturales consideradas sujetos obligados que de hecho o de derecho participen, custodien o administren o transfieran o realicen operaciones con bienes tales como dinero, haberes, valores, títulos o diversos bienes muebles o inmuebles que se consideren producto de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, podrán igualmente en el proceso penal demostrar que cumplieron con los requisitos y normas de seguridad, cuidado, autoprotección y defensa para probar su diligencia debida y buena fe conforme a esta Ley o en las resoluciones y circulares respectivas de sus órganos de tutela o los reglamentos que se dicten exigidos por el Estado o en su defecto con los establecidos por ellos mismos en forma previa y regular en los contratos para exigir al cliente la comprobación de la procedencia lícita de los capitales, bienes, haberes, valores o títulos, objeto de la cartera o negociación celebrada entre ellos y que han operativizado los programas a que se refiere el Título VIII, Capítulo I de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, las resoluciones de sus organismos de tutela y esta Ley. Si el Estado no ha establecido las medidas ellos están obligados a cumplir o imponer sus propias medidas de control. El juez competente revisará qué hizo, cómo lo hizo y que dejó de hacer de acuerdo a las leyes, resoluciones, providencias y circulares de sus respectivos órganos de tutela y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

 

62. Se propone modificar el artículo 42, en su primer aparte con la finalidad de aplicar una terminología del Código Orgánico Procesal Penal suprimiendo “o providencias” y cambiando “procesado” por “acusado”, y en su segundo aparte cambiando el termino “indebido” por “ilícito” a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 42. De la adjudicación de bienes al Estado. El Tribunal, si la sentencia definitivamente firme fuere absolutoria, suspenderá las medidas judiciales acordadas y ordenará la devolución de los bienes afectados. Las bienhechurías, mejoras y frutos así como los gastos de mantenimiento de estos bienes serán a favor del acusado absuelto. Si la sentencia resultare condenatoria, el tribunal ordenará la ejecución de las medidas y el decomiso o confiscación de los bienes sin necesidad de remate judicial conforme a lo previsto en el artículo 37 de esta Ley. El producto pasará a engrosar los fondos destinados por el Estado al control, fiscalización, prevención, rehabilitación, reincorporación social y represión de los delitos de delincuencia organizada por intermedio del Ministerio de Finanzas o la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas según el delito.

 

Cuando la incautación u otra medida precautelativa fuere realizada con abuso de poder o con violación de la Ley, acarreará la responsabilidad individual administrativa, civil y penal del funcionario.

 

Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo III, quedando igual su contenido:

 

Capítulo III - De la prescripción

 

63 . Se propone modificar el artículo 43, eliminándose el adjetivo “procesal penal”, a fin de que no colide con el Código Orgánico Procesal Penal agregándose en su lugar “especial o judicial” después de prescripción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 43. De la prescripción. No prescriben los delitos contra el patrimonio público ni los del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas tipificados como de delincuencia organizada de la Ley Orgánica respectiva. En los demás delitos previstos por esta Ley no se aplicará la prescripción especial o judicial sino únicamente la ordinaria.

 

64. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo IV, quedando igual su contenido:

 

Capítulo IV - De la responsabilidad penal de las  personas jurídicas y sus sanciones

 

65. Se propone modificar el artículo 44, a fin de incluir un párrafo que precise las reglas para sancionar a una persona jurídica de conformidad con esta Ley, agregando “administradores” en el encabezado, se propone agregar “ a través de los cuales” antes de legitimen en su último aparte, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 44. De la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, con exclusión del Estado, son responsables penalmente de los hechos punibles previstos en el artículo 3 u otros tipificados en esta Ley, cometidos por cuenta de ellas, por sus directivos, administradores o sus representantes.

 

La persona jurídica será sancionada en los términos previstos en esta Ley, en los casos en que el delito sea cometido por desición de sus órganos, en el ámbito de su actividad, con sus recursos sociales o en su interes o preferente.

 

A los fines de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o cuerpos morales, se entiende como tales las declaradas en el artículo 19 del Código Civil con exclusión de las señaladas en el ordinal 1º, ya sean venezolanas o extranjeras con o sin fines de lucro.

 

Cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario o financiero a través de los cuales se legitimen capitales, el tribunal ordenará según el caso, la intervención abierta por las autoridades competentes a fin de que sea la autoridad bancaria o financiera la que tome, con el juez de ejecución, de acuerdo con lo decidido en la sentencia, las medidas previstas según los procedimientos establecidos en las leyes que regulan dicha actividad para la intervención respectiva, preservando siempre los derechos de los depositantes.

 

66. Se propone modificar el artículo 45, cambiando “de la causa” por “competente” luego se juez, asimismo se agrega al numeral 3 “o comiso” después de confiscación, se propone cambiar “cualquier” por “todo” al final de ese mismo numeral, se propone cambiar “lo diario” por plural y cambiar “cualquier” por “todo” en el numeral 4, se propone agregar la palabra “mejor” en su último aparte, a fin de mejorar su redacción y en concordancia con el Código Orgánico Procesal Penal, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 45. De las sanciones penales a las personas jurídicas. El juez competente impondrá en la sentencia definitiva las siguientes penas:

 

1. Clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos tipificados en esta Ley.

 

2. La prohibición de realizar determinadas actividades comerciales, industriales, técnicas o científicas.

 

3. La confiscación o comiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, de las mercancías ilícitas y de los productos del delito en todo caso.

 

4. Publicación integra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso.

 

5. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o haberes en caso de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o haberes producto del delito en el caso de aplicársele la pena del numeral 2.

 

La responsabilidad penal de las personas jurídicas será de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, su gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de éstas. En el caso de la sanción del numeral 1 de este artículo, el juez competente nombrará una junta administradora que en nombre del Estado se haga responsable del mejor funcionamiento de la persona jurídica.

 

67. Se propone modificar el artículo 46, a fin de precisar los actores de las personas jurídicas, y se propone agregar al final del encabezado en concordancia con las reglas del artículo siguiente, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 46. De las sanciones penales por delitos cometidos por los directivos, administradores o representantes de las personas jurídicas con carácter de sujetos obligados. Cuando se trate de los sujetos obligados conforme a esta Ley, además de las sanciones administrativas de multas que impondrán los organismos de tutela de conformidad con el Título V, Capítulo I de esta Ley, por el incumplimiento de las obligaciones de cuidado, defensa y seguridad, por denuncia obligatoria ante el Ministerio Público formulada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera se iniciará el procedimiento penal, y en caso de que a ello hubiera lugar, se impondrá en la sentencia una o varias de las siguientes penas en concordancia con las reglas del artículo siguiente:

 

1. Privación de su capacidad negociadora por un máximo de cinco (5) años.

 

2. Inhabilitación para ejercer directa o indirectamente una o varias actividades bancarias, financieras, aseguradoras, de cambio, industriales, comerciales o de servicio por un lapso de uno (1) a dos (2) años, según sea el caso.

 

3. Clausura definitiva o temporal de establecimientos, agencias o sucursales, representaciones o corresponsalías de la persona jurídica que haya servido para cometer el o los delitos.

 

4. Exclusión definitiva o temporal de los mercados públicos.

 

5. Vigilancia judicial por el lapso de dos (2) a cinco (5) años por intermedio de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera la cual realizará inspecciones periódicas e informará mensualmente al juez de la causa.

 

6. Decomiso o confiscación de los bienes que sirvieron para cometer el delito o los que sean producto del mismo en caso del delito culposo de legitimación de capitales del artículo 7 de esta Ley.

 

7. Multa por el valor de los capitales, bienes o haberes objeto de la legitimación de capitales en el caso del delito culposo del artículo 7.

 

8. La multa contemplada en el artículo 11 de esta Ley o multa del 0,2 % de su capital pagado si no se dan los supuestos del artículo 11.

 

 

68. Se propone modificar el artículo 47, en el título del articulo con el fin de precisar los actores de las personas jurídicas, se propone se reducir el ámbito de aplicación a la infracción de la Ley únicamente en el numeral 7, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 47. De la conducta culposa de los directivos, administradores o representantes de las personas jurídicas consideradas sujetos obligados. A los fines de determinar cuando existe negligencia o ignorancia, imprudencia, impericia o inobservancia de la Ley para la aplicación de las sanciones penales a las personas jurídicas y naturales, se considerarán como tales las clasificadas como muy graves:

 

1. El incumplimiento de la obligación de confidencialidad de no revelar al cliente o a terceros que se ha transmitido información sobre su actividad sospechosa o de negarle asistencia bancaria o financiera o suspender sus relaciones con él o cerrar sus cuentas mientras dure el procedimiento de investigación penal o procedimiento judicial, a menos que exista autorización previa del juez competente tal como lo prevé el Título V, Capítulo I de esta Ley, se sancionará conforme al numeral 7 del artículo 46 de esta Ley.

 

2. La negativa o resistencia a proporcionar una información correcta solicitada por los órganos de investigaciones penales o por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, u otro organismo de tutela según la naturaleza del sujeto obligado, será sancionado conforme al numeral 5 del artículo 46 de esta Ley.

 

3. El incumplimiento acumulativo de las obligaciones establecidas en el Título V, Capítulo I de esta Ley o en las resoluciones que dicte el organismo de tutela, lo cual será sancionado conforme a lo previsto en el numeral 1 del artículo 46 de esta Ley.

 

4. La rebeldía o contumacia a cumplir con una sanción pecuniaria u otra sanción administrativa, será sancionada conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 46 de esta Ley.

 

5. La reincidencia en un acto concreto para incumplir una obligación legal de hacer o no hacer, será sancionada conforme a lo previsto en los numerales 2 y 5 del artículo 46 de esta Ley.

 

6. El incumplimiento injustificado por el sujeto obligado responsable de la obligación legal de información previsto en las normas del Título V, Capítulo I de esta Ley, cuando no hubiera puesto de manifiesto por medio del Reporte de Actividades Sospechosas a los órganos de investigaciones penales competentes a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y a su respectivo ente de tutela, la existencia de sospechas de qué hechos u operaciones puedan estar relacionadas con la legitimación de capitales, según las máximas de experiencia y el análisis financiero de su cliente, será sancionado conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 46 de esta Ley.

 

7. Las deficiencias e incumplimientos en los requerimientos de las resoluciones o providencias y circulares con referencia a los instrumentos, políticas, procedimientos, controles de cumplimiento, código de ética y conducta, tecnología solicitada, programas y subprogramas de prevención antidelito y de adiestramiento, manuales, infraestructura requerida (comité, oficial de cumplimiento, unidad de prevención y control de la legitimación de capitales, analistas de acuerdo a la cantidad de clientes y operaciones y productos, auditorias) a juicio del organismo de tutela, siempre y cuando no se comprobare lucro indebido o ilícito, será sancionado conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 46 de esta Ley.

 

69. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo V, quedando igual su contenido:

 

Capítulo V - De la responsabilidad de las personas naturales de los sujetos obligados y sus sanciones

 

70.Se propone modificar el artículo 48, sustituyéndose la palabra “corporal” por la frase “privativa de libertad” en concordancia con el Código Orgánico Procesal Penal, se propone eliminar el último aparte ya que se considera en contra del sistema de valorización de la prueba del Código Orgánico Procesal Penal, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 48. De las sanciones para las personas naturales de los sujetos obligados. En estos casos de falta muy grave, sin perjuicio de la sanción penal a la persona jurídica considerada sujeto obligado, se podrá imponer simultáneamente a quienes ejerciendo cargos de dirección o administración en el ente obligado fueren responsables de la infracción, las siguientes sanciones:

 

1. Multa a cada uno de ellos equivalente a entre seiscientos uno (601) a setecientos cuarenta y dos (742) unidades tributarias, en los casos tipificados en los numerales 3, 4, 5 y 7 del artículo 47 de esta Ley.

 

2. Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de dirección o administración en las mismas entidades hasta por tres (3) años después de cumplir la condena, en el caso tipificado en el numeral 1 del artículo 47 de esta Ley y sanción con la pena privativa de libertad establecida en el artículo 5 de esta Ley.

 

3. Separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de dirección o administración en cualquier entidad considerada sujeto obligado por esta Ley por un plazo máximo de cinco (5) años después de cumplir la condena en el caso tipificado en el numeral 6 del artículo 47 de esta Ley y sanción con la pena privativa de libertad establecida en el artículo 6 de esta Ley.

 

71. Se propone modificar el artículo 49, a fin de mejorar su redacción agregando “responderán” luego de “persona jurídica” y “recaerán” luego de “participación”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 49. De las reglas para sancionar a los empleados de las personas jurídicas por la comisión de delitos culposos. Cuando estos delitos culposos fueren cometidos por empleados, los gerentes, administradores o directores de las personas jurídicas, actuando en nombre o en representación de estas, o bajo su aparente autoridad, si es para y en beneficio de la persona jurídica, responderán de acuerdo a su participación y recaerán sobre las personas jurídicas las sanciones que se especifican en esta Ley. Igual regla se seguirá para los delitos intencionales de las personas naturales que conformen las personas jurídicas en general.

 

72. Se propone suprimir el Capitulo VI, ya que se considera que es necesario redactar un proyecto le Ley aparte dadas las amplias implicaciones que tiene la extinción de dominio y debe revisarse los principios de la nueva constitución y se considera que es necesario tener una Ley sobre extinción de dominio para cumplir con la convención de Viena del 88 en su artículo 5, por consiguiente se corre la numeración.

 

73. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Título IV, quedando igual su contenido:

 

TITULO IV - DE LA JURISDICCIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

 

74. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo I, quedando igual su contenido:

 

Capítulo I - Del procedimiento aplicable

 

75. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 55 que pasa a ser el 50, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 50. Del procedimiento aplicable. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada se seguirá el procedimiento penal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, con la aplicación de las siguientes disposiciones no previstas en dicho Código.

 

76. Se propone modificar el artículo 56 que pasa a ser el 51, agregando un “se” después de persecución, se propone agregar un párrafo a fin de que la represión de la delincuencia organizada funcione eficaz y oportunamente el principio de oportunidad en los casos de tráfico de drogas, armas, terrorismo, corrupción y legitimación de capitales, en el cual el juez competente podrá decretar el cese del procedimiento penal, para así poder perfeccionar la nueva redacción del principio de oportunidad en el COPP que cercena este beneficio ya que nadie va a informar en estos delitos para continuar privado de su libertad y correr el riesgo de que lo maten en la cárcel por contrato de la delincuencia organizada. Este principio en el sistema acusatorio debe ser pleno para el fiscal y el juez a fin de que pueda ser efectivo para obtener información valiosa sin riesgo de la vida del informante en lo que se llama el derecho penal negociado o premiar utilizado contra la delincuencia organizada en este caso, quedando su texto como sigue:

 

 

Artículo 51. Principio de oportunidad. Se suspenderá el ejercicio de la acción penal cuando se trate de hechos producto de los delitos de delincuencia organizada y el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información esencial para evitar la continuación del delito o que se realicen otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos, o proporcione información útil para probar la participación en el delito cuya persecución se suspende.

 

En los casos de tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, corrupción o legitimación de capitales cometidos por grupos de delincuencia organizada en los términos establecidos en esta Ley, a solicitud del fiscal del Ministerio Público, el juez competente podrá decretar el cese del procedimiento penal mediante auto razonado.

 

Igualmente cuando aporte información suficiente que permita la incautación o confiscación de cantidades considerables de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o de químicos esenciales o de capitales o bienes ilícitos a que se refiere esta Ley, la pena se rebajará de un tercio a la mitad. En ambos casos se mantendrá en reserva la identidad del imputado arrepentido, si así lo pidiere.

 

El Estado dará la debida protección a este imputado. El juez penal competente y el fiscal del Ministerio Público, velarán por que se cumplan las medidas de protección y prevención en cada caso en particular.

 

77. Se propone modificar el artículo 57 que pasa a ser el N°52, con relación a los Artículos a base de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 52. De la privación preventiva de la libertad. El juez de control decretará, previa solicitud debidamente fundada del fiscal del Ministerio Público, la privación preventiva de la libertad del imputado, siempre que se acredite la existencia de un delito de delincuencia organizada previsto en esta Ley, según lo dispone el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. No obstante, el tribunal, de oficio, deberá imponer y el imputado o su defensor podrán solicitar, una medida sustitutiva de la de privación preventiva de libertad, la cual se otorgará, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, conjuntamente con una caución económica consistente en depósito de dinero, valores o garantías reales. En estos casos no se admitirá fianza de personas naturales o jurídicas que no sean empresas reconocidas a nivel nacional y de comprobada solvencia económica. La exigencia y el monto de la caución será de acuerdo a lo establecido en el artículo 265 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

78. Se propone modificar el artículo 58 que pasa a ser el N°53, al agregar en el último aparte “Las empresas privadas de telefonía celular están obligadas también a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de investigación antes señaladas”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 53. De la interceptación o grabaciones telefónicas. En los casos de investigación de los delitos previstos en esta Ley previa solicitud razonada del Ministerio Público, el juez de control del lugar donde se realiza la intervención podrá autorizar a éste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioeléctricos de comunicaciones únicamente a los fines de investigación penal, en concordancia con el artículo 6 de la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Las empresas privadas de telefonía celular están obligadas también a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de investigación antes señaladas.

 

79. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo II, quedando igual su contenido:

 

Capítulo II - De la jurisdicción

 

80. Se propone modificar el artículo 59 que pasa a ser el 54 agregando la palabra “castigarán” antes de la frase “de conformidad”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 54. De la jurisdicción. Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con esta Ley:

 

1. Los venezolanos o extranjeros que cometan cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley en país extranjero, que vayan contra los intereses patrimoniales, de integridad o seguridad de la República de Venezuela.

 

2. El sospechoso o investigado que se encuentre en Venezuela y haya cometido alguno de los delitos tipificados en esta Ley, o si parte del delito se ha cometido en el territorio de la República de Venezuela, en el mar extraterritorial o en el espacio aéreo internacional.

 

Toda esta jurisdicción extraterritorial se aplicará, salvo que haya sido juzgado en otro país y cumplido la condena.

 

 

Se propone modificar el titulo del Capitulo III, a fin de utilizar los términos empleados en el Código Orgánico Procesal Penal, quedando su texto como sigue:

 

Capítulo III - De las operaciones de técnica de  Investigaciones penales de operaciones encubiertas

 

81. Se propone modificar el artículo 60 que pasa a ser el 55, a fin de mejorar su redacción agregando la palabra “realizar” después de “podrá”, A a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 55. De la entrega vigilada o controlada. Se autoriza el procedimiento de técnica policial de entrega vigilada o controlada de drogas, mediante la dirección del Ministerio Público y la debida autorización del juez de control. A los fines de la entrega controlada serán autorizados por el juez de control los agentes encubiertos a solicitud del Ministerio Público. El incumplimiento de esta norma será sancionada con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil en que incurra. En los casos de extrema necesidad y urgencia operativa el fiscal del Ministerio Público podrá realizar sin autorización judicial previa el procedimiento especial de técnica policial establecido en este artículo y de manera inmediata notificará al juez de control por vía telefónica de dicha medida y posteriormente en un lapso no mayor de ocho (8) horas en acta motivada que acompañará dicha solicitud.

 

82. Se propone modificar el artículo 61 que pasa a ser el 56, al cambiar el “Cuerpo Técnico de Policía Judicial” por “ Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 56. Del procedimiento de técnica policial de operaciones encubiertas. Estas operaciones especiales se llevarán a cabo a solicitud del fiscal del Ministerio Público y bajo la dirección y supervisión de éste, con la autorización previa del juez de control, quien sólo podrá autorizar a los funcionarios especializados del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, al órgano competente de la Guardia Nacional o de la Armada para cumplir estas funciones en la investigación de los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley.

 

83. Se propone modificar el artículo 62 que pasa a ser el 57, a fin de mejorar su redacción agregando el término “dadas” en su sexta línea y se propone agregar “sin haberse obtenido resultado alguno”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 57. De la autorización previa del juez de control. La autorización previa la dará un juez de control de la circunscripción judicial donde el fiscal del Ministerio Público inició la investigación penal. No será necesaria la autorización de otro juez penal de las distintas circunscripciones judiciales en donde deba actuar el agente de la operación encubierta o transite la mercancía ilícita vigilada o controlada. Esta autorización es valida en todo el territorio nacional. El juez de control la autorizará por el tiempo considerado necesario, dadas las circunstancias del caso expuestas por el fiscal del Ministerio Público y vencido el plazo sin haberse obtenido resultado alguno, y vistos los alegatos del funcionario responsable concederá prorroga.

 

84. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 63 que pasa a ser el 58, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 58. De los requisitos para otorgar la autorización. El juez de control otorgará la autorización en caso de que el delito se haya cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecución siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones:

 

1. Cuando la investigación o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difícil por otra vía.

 

2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas por que otras medidas resultaron inútiles.

 

3. Cuando se hace necesaria la compra simulada de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o la legitimación de capitales simulada.

 

85.Se propone modificar el artículo 64 que pasa a ser el 59, a fin de mejorar su redacción y concretar la pena en este sentido se agrega “serán sancionados con la pena establecida en el artículo 65 de esta Ley” , quedando su texto como sigue:

 

Artículo 59. De los requisitos para las operaciones simuladas. Los encargados de estas operaciones especiales excepcionales de compra simulada de los objetos y sustancias utilizados para cometer estos delitos, sólo las podrán realizar con el fin de obtener evidencia incriminatoria contra un sujeto previamente individualizado en una investigación penal, bajo el requisito personal de ser solo y exclusivamente un oficial de policía de investigaciones penales que pertenezca al grupo de agentes especializados en operaciones encubiertas de las unidades especiales contra el tráfico de drogas de las organizaciones policiales competentes por esta Ley.

 

Los oficiales encubiertos de investigación que introduzcan en el mercado directamente las sustancias estupefacientes o psicotrópicas utilizadas en un procedimiento de operaciones encubiertas, serán sancionados con la pena establecida en el artículo 65 de esta Ley.

 

86. Se propone modificar el artículo 65 que pasa a ser el 60, a fin de mejorar su redacción al sustituir “cómplices” por “demás partícipes”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 60. De la licitud procesal de las operaciones encubiertas de técnica policial. Se consideran lícitas las operaciones encubiertas cuando tengan como finalidad:

 

1. Comprobar la comisión de los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley para obtener evidencias incriminatorias.

 

2. Identificar los autores y demás partícipes de tales delitos.

 

3. Efectuar incautaciones, inmovilizaciones, confiscaciones u otras medidas preventivas.

 

87. Se propone modificar el artículo 66 que pasa a ser el 61, cambiando el nombre del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, por el actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, asimismo se propone suprimir el último aparte del artículo, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 61. De los agentes de operaciones encubiertas. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de los órganos competentes de la Guardia Nacional y de la Armada pertenecientes a unidades especializadas son los únicos que pueden, por solicitud del Ministerio Público y previa autorización del juez de control, ocultando su verdadera identidad, infiltrarse en organizaciones delictivas que cometan los delitos de delincuencia organizada previstos en esta Ley, con el fin de recabar información incriminatoria por un periodo limitado de tiempo. La autorización para conceder al funcionario una identidad personal alterada si fuere necesario para la formación y mantenimiento de la identidad falsa por parte del juez de control, excluye la posibilidad de alterar registros, libros públicos o archivos nacionales.

 

Quedan excluidos de esta figura de agentes de operaciones encubiertas, el funcionario policial que se haya infiltrado sin autorización como producto de la ocasión, al igual que los confidentes o los informantes o colaboradores ocasionales, así su actuación sea guiada o controlada por el Ministerio Público o por la policía.

 

88. Se propone modificar el artículo 67 que pasa a ser el 62, a fin de mejorar su redacción, se propone eliminar la causa de la imputabilidad penal específica por la causa de justificación penal especial, de acuerdo a la doctrina penal italiana y de Europa en general, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 62. De la causa de justificación penal especial. Son causa de justificación penal especial las acciones realizadas por los agentes de operaciones encubiertas que, como consecuencia necesaria de su actuación debidamente autorizada por el juez competente y de acuerdo a los requisitos establecidos en esta Ley, de acuerdo con la doctrina universal y la italiana es una causa de justificación especial.

 

89. Se propone modificar el artículo 68 que pasa a ser el 63, a fin de mejorar su redacción y precisar las acciones, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 63. De la prohibición de comparecer en juicio como testigo de cargo. En el procedimiento penal cuando fuere requerida la comparecencia del agente encubierto que aportó la evidencia incriminatoria, dicha comparecencia será asumida por el responsable de la Dirección Central del Servicio Especial de Operaciones Encubiertas del Ministerio Público que coordinará estas acciones, en la cual intervienen los funcionarios autorizados de los diferentes cuerpos policiales o militares competentes de acuerdo con esta Ley.

 

90. Se propone modificar el artículo 69 que pasa a ser el 64, a fin de mejorar su redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 64. Del funcionario o empleado público infidente. El funcionario policial o militar o el empleado público que revelare la identidad de un agente de operaciones encubiertas, su domicilio o quiénes son sus familiares, será penado con prisión de seis (6) a ocho (8) años e inhabilitación, después de cumplida ésta, para pertenecer a un cuerpo de investigaciones penales.

 

91. Se propone modificar el artículo 70 que pasa a ser el 65, a fin de precisar la pena correspondiente por estos delitos, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 65. De los delitos por incumplimiento de los requisitos establecidos en este Capítulo para las operaciones encubiertas. En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en este Capítulo para las operaciones encubiertas, se impondrá al juez de control o al fiscal del Ministerio Público pena de tres (3) a seis (6) años de prisión, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y civil en que incurra. Si fuera un agente de operaciones encubiertas será castigado con la pena correspondiente al delito que investiga.

 

92. Se propone modificar el artículo 71 que pasa a ser el 66, en su titulo cambiando “ de la noticia del delito” por “reporte de actividades sospechosas” los fines de definir el reporte de actividades sospechosas como un reporte administrativo de carácter obligatorio ya que como han sido creadas por la ley las unidades de inteligencia financiera como ente de control administrativo de los sujetos obligados y se crea una Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, ya que no constituye una noticia crimen porque no se reporta ningún órgano de investigación penal o jurisdiccional directamente, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 66. Reporte de actividades sospechosas. El reporte de actividades sospechosas de los sujetos obligados se considera una noticia administrativa de carácter obligatorio para estos sujetos como garantes por organización a base del análisis financiero del cliente. El reporte de actividades sospechosas deberá ser enviado a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera que a su vez deberá analizarlas y enviarlas al Ministerio Público a fin de que se practiquen las diligencias establecidas en el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

93. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Título V, quedando igual su contenido:

 

TITULO V - DE LA PREVENCION, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

 

94. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo I, quedando igual su contenido:

 

Capítulo I - De la prevención, control y fiscalización  de la legitimación de capitales.

 

95. Se propone modificar el artículo 72 que pasa a ser el 67, a fin de mejorar su redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 67. De la Red Interinstitucional Contra la Legitimación de Capitales para el plan operativo. La Red Interinstitucional Contra la Legitimación de Capitales funcionará de manera coordinada por las Comisiones Nacionales contra la delincuencia organizada y el uso ilícito de drogas conjuntamente, a los fines de diseñar el plan operativo anual en materia de legitimación de capitales provenientes de la delincuencia organizada.

 

96. Se propone modificar el artículo 73 que pasa a ser el 68, para incluir un nuevo Decreto Ley y un nuevo sujeto obligado - agencias de viaje – y se agrega el termino terrestre luego de automotores , quedando su texto como sigue:

 

Artículo 68. De la colaboración obligatoria de los sujetos obligados. Las instituciones financieras, empresas y personas regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, por la Ley General de Seguros y Reaseguros, por la Ley del Mercado de Capitales, por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Público del Estado Venezolano del Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estimulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero y demás leyes bancarias y financieras, por la Ley de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, así como las empresas que se dediquen en alguna forma a la construcción y comercialización de bienes inmuebles, agencias de viaje, a la compra y venta de semovientes, de vehículos automotores terrestres, naves o aeronaves de cualquier naturaleza u origen, a la remisión de valores, al otorgamiento de créditos, a la explotación y comercialización del oro u otros metales y piedras preciosas estarán obligadas a colaborar con el Ejecutivo Nacional para el control y fiscalización de sumas de dinero y otros bienes presuntamente provenientes directa o indirectamente de los delitos establecidos en esta Ley o de actividades vinculadas con los mismos.

 

97. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 74 que pasa a ser el 69, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 69. De la limitación a las obligaciones legales. Las obligaciones y cargas que corresponden a las empresas citadas en el artículo anterior se limitarán a las que sean exigibles por ser inherentes o estar directamente relacionadas con los actos o negocios comprendidos en su objeto social o económico. El incumplimiento de dichas obligaciones o cargas, será sancionado con multa equivalente a entre mil seiscientas (1.600) y tres mil trescientas (3.300) unidades tributarias.

 

98,. Se propone modificar el artículo 75 que pasa a ser el 70, al agregar en el primer numeral “ el Banco de Desarrollo Económico y social de Venezuela” , se cambia el literal “i ” por “Las empresas de Marina Mercante”, se propone agregar un nuevo sujeto mencionado con el literal “j” “ Agencias de viaje ” quedando su texto como sigue:

 

Artículo 70. De los sujetos obligados. Se consideran sujetos obligados con posición de garantes por organización para su autoprotección los cuales no pueden captar dinero o bienes a su propio riesgo y sujetos a las obligaciones legales establecidas en la presente Ley, a los siguientes:

 

1. Los bancos y demás instituciones financieras, empresas y personas naturales reguladas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, las reguladas por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Público del Estado Venezolano y demás empresas financieras reguladas por leyes y resoluciones especiales y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

 

2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y demás personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.

 

3. Las sociedades anónimas de capital autorizado, los fondos mutuales de inversión, sociedades administradoras, corredores públicos de títulos valores, intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y demás personas naturales y jurídicas que intervengan en la oferta pública, regida por la Ley de Mercado de Capitales.

 

4. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como:

 

a) Las casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.

 

b) Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles.

 

c) Las empresas dedicadas a la construcción.

 

d) Las joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas.

 

e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.

 

f) Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres.

 

g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados.

 

h) Los anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueología.

 

i) Las empresas de Marina Mercante.

 

j) Agencias de Viaje.

 

Cuando el Estado por medio de la autoridad competente, lo estime conveniente, extenderá la categoría de sujeto obligado con condición de garante por organización a otros actores y les establecerá las obligaciones, cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica sujetos a las sanciones administrativas y penales previstas en esta Ley y establecerá el organismo de tutela respectivo.

 

99. Se propone modificar el artículo 76 que pasa a ser el 71, a fin de mejorar su redacción y eliminándose “El Ministerio de la Producción y el Comercio por sus órganos competentes”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 71. De los organismos de tutela. Son organismos de tutela de los sujetos obligados:

 

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

La Superintendencia de Seguros.

El Banco Central de Venezuela.

La Comisión Nacional de Valores.

La Dirección de Registros y Notarías del Ministerio del Interior y Justicia.

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.

El Ministerio de Energía y Minas por sus órganos competentes.

El Ministerio de Finanzas por sus órganos competentes.

La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

 

Y cualquier otro organismo público que sea necesario integrar por la autoridad coordinadora competente de acuerdo a esta Ley o leyes penales especiales. El Estado creará los entes de tutela de aquellos sujetos obligados que carezcan de ellos o los adscribirá a otros entes de tutela que sean compatibles.

 

100. Se propone modificar el artículo 77 que pasa a ser el 72, al cambiar el nombre de la Ley por “Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 72. De las obligaciones y atribuciones de los organismos de tutela. Las obligaciones y atribuciones de las autoridades competentes con carácter de organismo de tutela son básicamente las siguientes:

 

1. Regular, supervisar y sancionar administrativamente a los sujetos obligados sometidos a su tutela.

 

2. Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos para las operaciones de su actividad económica.

 

3. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar la legitimación de capitales.

 

4. La inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control del cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones y cargas de las normas de cuidado, de seguridad y auto defensa establecidas por esta Ley, por la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por reglamentos del Ejecutivo o por resoluciones o providencias que especialmente dicte el organismo de tutela competente.

 

5. Obtener la información que considere necesaria a los fines pertinentes exigiendo los reportes, informes y datos que crea conveniente.

 

6. Intercambiar con otras autoridades competentes la información oficialmente obtenida para los fines legales de las otras organizaciones públicas y aportar datos, ideas y soluciones a fin de procesar los delitos de delincuencia organizada.

 

7. Pertenecer a la Red Interinstitucional Contra Legitimación de Capitales constituida en la Comisión Nacional Contra la Delincuencia Organizada y en la constituida en la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas.

 

8. Dictar normas, reglas e instructivos que ayuden a los sujetos obligados a detectar patrones y actividades sospechosas en la conducta de sus clientes y empleados, desarrollar programas de capacitación y adiestramiento de su personal, actualizarse en las técnicas o métodos modernos y seguros del manejo de sus actividades y de la información así como prestarle asesoría.

 

9. Realizar un censo de los sujetos obligados y mantenerlo actualizado con todos los datos que sean necesarios para su eficaz control.

 

10. Cooperar con las autoridades competentes de represión, control, fiscalización y prevención así como aportar asistencia técnica en el marco de las investigaciones y procesos judiciales referentes a los delitos de delincuencia organizada establecidos en esta Ley.

 

11. Presentar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera los Reportes de Actividades Sospechosas, las informaciones periódicas y las que les sean solicitadas por dicha Unidad para efectuar las investigaciones que realice o que adelanten otros organismos competentes.

 

Estas atribuciones y facultades son, sin perjuicio de la aplicación de las respectivas leyes que en materia procedimental se declaran de aplicación subsidiaria, para cumplir a cabalidad con estas obligaciones aplicando las normas que no prevé esta Ley en materia de sus especialidades.

 

101. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 78 que pasa a ser el 73, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 73. De las unidades de la prevención y control de legitimación de capitales. A fin de asegurar el cabal cumplimiento de las funciones enumeradas en el artículo anterior, los entes de tutela activaran sus respectivas Unidades de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, las cuales serán los órganos ejecutores y asesores de dichos entes en materia de prevención, control y detección de operaciones de legitimación de capitales.

 

102. Se propone modificar el artículo 79 que pasa a ser el 74, en su título cambiando “obligaciones de las cuentas bancarias” por el de “Obligaciones de los mecanismos de control interno” y en consecuencia su contenido suprimiendo todo lo relativo a los entes de tutela del Poder Ejecutivo, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 74. Obligaciones de los mecanismos de control interno. A fin de implementar el plan operativo al que se refiere el artículo 67 de la presente Ley, los sujetos obligados por esta Ley, deberán adoptar las normas generales para la identificación de clientes, las limitaciones al secreto bancario, secreto de registro y secreto comercial, el deber de informar, la protección de empleados e instituciones y los programas internos a desarrollar.

 

103. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 80 que pasa a ser el 75, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 75. De la obligación de conservar registros. Los sujetos obligados no podrán abrir o mantener cuentas anónimas o con nombres ficticios, para lo cual los entes de tutela reglamentarán los medios que se consideren convenientes para la identificación del cliente además de la cédula de identidad para personas naturales o los documentos del Registro Mercantil o Registro Civil cuando se trate de personas jurídicas, y los documentos oficiales legalizados por los respectivos consulados del país de origen si se trata de extranjeros, cuando establezcan o intenten establecer relaciones de negocios o se propongan celebrar transacciones de cualquier índole como abrir cuentas, entrar en transacciones fiduciarias, contratar el arrendamiento de cajas de seguridad, realizar adquisiciones, obtener préstamos o realizar transacciones de dinero en efectivo u otros instrumentos monetarios. La contravención a esta norma se sancionará con multa equivalente a entre tres mil trescientas (3.300) y cinco mil (5.000) unidades tributarias.

 

104. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 81 que pasa a ser el 76, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 76. De la obligación de conocer y controlar transacciones. Los sujetos obligados deberán conservar por cinco (5) años todos los registros sobre sus transacciones realizadas tanto nacionales como internacionales que les permitan cumplir oportuna y eficazmente con la solicitud de información por parte de las autoridades competentes, tales como cantidad y tipo de divisas involucradas, identidad del cliente, fecha de transacción, archivo de cuenta, correspondencia de negocios, autorizaciones y otros datos que las mismas consideren necesarios. Estos documentos deberán estar disponibles para los funcionarios de los entes de tutela o las autoridades competentes en el contexto de una investigación policial, judicial o administrativa, sin que se pueda invocar el secreto bancario o normas de confidencialidad para eludir estas disposiciones. La contravención a esta norma se sancionará con multa equivalente a entre tres mil trescientas (3.300) y cinco mil (5.000) unidades tributarias.

 

105. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 82 que pasa a ser el 77, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 77. Del propósito y destino de las transacciones. Todas las personas y entidades afectadas por esta Ley deberán establecer mecanismos que permitan conocer y controlar cualquier transacción compleja, desusada o no convencional, tengan o no algún propósito económico aparente o visible, así como también las transacciones en tránsito o aquellas cuya cuantía lo amerite a juicio de la institución o según lo establezca el Ejecutivo Nacional. La contravención a esta norma se sancionará con multa equivalente a entre tres mil trescientas (3.300) y cinco mil (5.000) unidades tributarias.

 

106. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 83 que pasa a ser el 78, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 78. De la obligación del reporte de actividades sospechosas. El propósito y destino de las transacciones descritas en el artículo anterior deberán ser objeto de minucioso examen y cualquier hallazgo o conclusión deberá conservarse por escrito y estar disponible para los auditores de los organismos de supervisión y control y demás autoridades competentes. La contravención a esta norma se sancionará con multa equivalente a entre tres mil trescientas (3.300) y cinco mil (5.000) unidades tributarias.

 

107. Se propone modificar el artículo 84 que pasa a ser el 79, agregando en el titulo “el secreto profesional”, se propone agregar “ no podrán alegar el secreto bancario, el secreto profesional o confidencialidad debida”, quedando su texto como sigue:

 

 

Artículo 79. Del secreto bancario, secreto profesional o confidencialidad debida. Todos los sujetos obligados por esta Ley no podrán alegar el secreto bancario, el secreto profesional o confidencialidad debida cuando tengan sospechas de que los fondos, capitales o bienes involucrados en una operación o negocio de su giro puedan provenir de una actividad ilícita conforme a esta Ley, deberán informar obligatoriamente sin pérdida de tiempo lo que fuere conducente por los respectivos reportes de actividades sospechosas a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera que con la diligencia debida los analizará, los archivará o los trasmitirá al Fiscal del Ministerio Público a fin de que este ordene la correspondiente investigación penal. La contravención a esta norma se sancionará con multa equivalente a entre cuatro mil (4.000) y seis mil (6.000) unidades tributarias, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar de conformidad al Capítulo IV del Título III de esta Ley.

 

108. Se propone modificar el artículo 85 que pasa a ser el 80 a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 80. De la obligación de no advertencia ni negar asistencia al cliente. Los clientes no podrán invocar el secreto bancario, el secreto profesional o confidencialidad debida, ni las reglas de confidencialidad de negocios, ni las normas sobre privacidad o intimidad que estuvieran vigentes con la intención u objeto de exigir responsabilidades civiles o penales a los funcionarios o empleados o los sujetos obligados por esta Ley a los que éstos presten sus servicios por la revelación de cualquier secreto o información, siempre que reporten la existencia de fundadas sospechas de actividades delictivas a las autoridades competentes sin que estén obligadas a adelantar ninguna calificación jurídica de los hechos y aún cuando la actividad presuntamente delictiva o irregular no se hubiera realizado. Ningún compromiso de naturaleza contractual relacionado con la confidencialidad o secreto de las operaciones o relaciones bancarias o de negocios, ni ningún uso o costumbre relacionado con tales conceptos podrá ser alegado a los efectos del ejercicio de acciones civiles, mercantiles o penales, cuando se trate de un suministro de información en los términos de esta Ley. La contravención a esta norma se sancionará con multa equivalente a entre cuatro mil (4.000) y seis mil (6.000) unidades tributarias sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar de conformidad con el Capítulo IV del Título III de esta Ley.

 

109. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 86 que pasa a ser el 81, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 81. De la obligación de no cerrar cuentas mientras dure la investigación penal o procedimiento judicial. Los empleados de los sujetos obligados por esta Ley no podrán advertir a sus clientes acerca del suministro de informaciones cuando las hicieran, ni negarle asistencia bancaria o financiera ni suspender sus relaciones con él ni cerrar sus cuentas mientras dure el procedimiento de investigación penal o judicial, a menos que haya autorización previa de un juez competente. Todo el que incumpla con lo dispuesto en este artículo quedará incurso en el delito previsto en el artículo 5 de esta Ley y la persona jurídica con la multa prevista en el artículo 46, numeral 7, del Capítulo I del Título VIII de esta Ley.

 

110. Se propone modificar el artículo 87 que pasa a ser el 82, agregándole un párrafo sobre terrorismo exclusivamente, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 82. Del plazo y condición para suspender cuentas bancarias. Los sujetos obligados podrán suspender las relaciones bancarias o de negocios con un cliente reportado o cerrar sus cuentas, si pasados tres (3) meses de haber cumplido con el reporte de actividad sospechosa no ha recibido aviso a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de parte del Fiscal del Ministerio Público que lleva el caso, que se ha iniciado la investigación penal o si se ha ordenado la incautación o inmovilización de la cuenta bancaria objeto de la investigación penal.

 

En los casos de cooperación internacional por los delitos de terrorismo y su financiamiento a solicitud del país requirente, ya sea por vía diplomática directa o por intermedio de las autoridades competentes, los sujetos obligados están autorizados para cerrar cuentas e inmovilizar fondos sin pérdida de tiempo con la debida notificación a la Unidad de Inteligencia Financiera de su ente de tutela, quien tendrá la obligación de informar a su vez al Ministerio Público, cuando la orden no provenga de este organismo.

 

 

111. Se propone modificar el artículo 88 que pasa a ser el 83 a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 83. De las atribuciones de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras tendrá la facultad de ordenar por medio de oficios o circulares a cualquiera de los bancos, instituciones financieras y demás sujetos obligados bajo su supervisión conforme a lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la suspensión de cualquier mecanismo o producto financiero o el cierre temporal o definitivo de cuentas o colocaciones de personas naturales o jurídicas, cuando dicho organismo considere que ponen en peligro la reputación nacional o internacional del Sistema Financiero Venezolano o de alguno de sus miembros, o cuando constituyan un riesgo significativo para la economía del país como la salida masiva de divisas hacia el exterior de la República, motivada por fundadas sospechas de la aplicación de esquemas de legitimación de capitales por parte de personas naturales o jurídicas, u organizaciones delictivas dedicadas a tales actividades.

 

 

112. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 89 que pasa a ser el 84, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 84. De la responsabilidad de los organismos de tutela. Los organismos de tutela serán los responsables de la instrumentación y aplicación de las medidas preventivas y de control de legitimación de capitales y supervisarán y fiscalizarán su aplicación e impartirán directrices para ayudar a los sujetos obligados a detectar patrones de conducta sospechosas por parte de sus clientes. Asimismo, deberán impartir cursos que permitan educar y actualizar al personal de los sujetos obligados responsables de las áreas de prevención y control de legitimación de capitales.

 

113. Se propone modificar el artículo 90 que pasa a ser el 85ª fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 85. De la atribución del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela deberá desarrollar un sistema de información de todas las transferencias internacionales de divisas e instrumentos al portador equivalentes a efectivo y tener dicha información disponible para el uso por parte de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público, las autoridades de investigaciones penales y los organismos jurisdiccionales.

 

114. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 91 que pasa a ser el 86, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 86. De la información de movimientos diarios de divisas. Las instituciones bancarias, las entidades de ahorro y préstamo y las casas de cambio están obligadas a enviar al Banco Central de Venezuela el movimiento diario de divisas e instrumentos al portador. El incumplimiento de esta disposición por parte de los sujetos obligados se sancionará con multa equivalente a entre mil trescientas (1.300) y cinco mil (5.000) unidades tributarias.

 

El Banco Central de Venezuela deberá someter a estrictas medidas de seguridad el sistema que decida establecer para asegurar el uso adecuado de información, sin que perjudique, de ninguna manera, la libertad de los movimientos de capitales.

 

115. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 92 que pasa a ser el 87, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 87. De las obligaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria deberá llevar un registro de operaciones de importación y exportación así como de las empresas radicadas en el país dedicadas a estas actividades, a fin de colaborar con las investigaciones que realice la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y demás autoridades competentes destinadas a detectar las operaciones de legitimación de capitales realizadas por personas naturales o jurídicas mediante verdaderas o supuestas operaciones de importación y exportación.

 

Asimismo, deberá establecer mecanismos para detectar operaciones de exportación e importación realizadas con sobreprecios así como los préstamos paralelos o de apoyo mutuo de las partes que concurran a las operaciones y que se ejecuten dentro y fuera del país como medio para legitimar capitales o cuando la operación carezca de sentido desde el punto de vista económico o comercial, o no revista el carácter de una operación típica de comercio.

 

116. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 93 que pasa a ser el 88, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 88. De las obligaciones de la Dirección de Registros y Notarías del Ministerio del Interior y Justicia. La Dirección de Registro y Notarías del Ministerio del Interior y Justicia llevará un registro computarizado de las transacciones de compra y venta de bienes inmuebles y de acciones o cuotas de compañías mercantiles que deberán suministrar las Oficinas Subalternas de Registros y las Notarías, a fin de satisfacer las solicitudes de información que al respecto le hiciere la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y para asegurar que dichas operaciones obedezcan a condiciones normales en sus respectivos mercados. El registro deberá permitir el control de las operaciones realizadas al contado o en efectivo, las efectuadas por una sola persona natural o jurídica cuando su reiteración lo amerite, así como las realizadas en diferentes zonas de la República, especialmente en las fronterizas.

 

Los hallazgos relacionados con operaciones que puedan considerarse sospechosas de estar relacionadas con actividades de legitimación de capitales que sean detectadas por los registradores, los notarios o los funcionarios de la Dirección de Registro y Notarías, deberán ser puestas de inmediato en conocimiento de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Los documentos de las transacciones efectuadas por ante los registros o notarías deberán llevar la huella dactilar de los otorgantes. La transgresión de esta norma por parte de registradores o notarios que omitieren el cumplimiento de estas obligaciones se sancionará con multa equivalente a entre mil seiscientas (1.600) y dos mil seiscientas (2.600) unidades tributarias y en caso de reincidencia serán destituidos.

 

117. Se propone modificar el artículo 94 que pasa a ser el 89, a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 89. Del control de dinero en efectivo para los viajeros. La Intendencia Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria implementará sistemas de control de dinero en efectivo de pasajeros en los lugares de entrada y salida del país, así como de la presentación de declaración de dinero en efectivo u otros instrumentos monetarios para los viajeros cuando su valor iguale o supere los diez mil dólares ($10.000) de los Estados Unidos de América. El incumplimiento de esta declaración será sancionada con multa equivalente a entre cien (100) y doscientas (200) unidades tributarias. Igualmente el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la Intendencia Nacional de Aduanas, la Armada y los órganos competentes de la Guardia Nacional, ordenarán operativos especiales en los lugares de salida y entrada de pasajeros al país, con el fin de controlar el tráfico ilícito de las sustancias a que se refiere la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, mediante la revisión de personas, equipajes y vehículos de transporte.

 

118. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 95 que pasa a ser el 90, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 90. Del control de metales y piedras preciosas. El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Finanzas vigilará, controlará y supervisará el comercio de metales y piedras preciosas, objetos de colección, joyas, objetos de arte y otros valores similares y, en especial, la compra y venta de oro y su exportación así como de los ingresos derivados de dichas operaciones.

 

119. Se propone modificar el artículo 96 que pasa a ser el 91, a fin de mejorar la redacción al suprimir “correspondiente” luego de tutela y suprimir “salida del País”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 91. Del sometimiento de otras empresas al régimen establecido en esta Ley. En los casos de duda acerca de la naturaleza de las operaciones que realice una empresa o entidad cualquiera, corresponderá al ente de tutela decidir si éstas se someterán al régimen establecido en esta Ley.

 

Cuando exista presunción de que las operaciones mencionadas en este artículo sean realizadas por personas naturales o jurídicas cuya naturaleza sea manifiestamente incompatible con la actividad desarrollada por ellas o que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales, el ente de tutela correspondiente podrá tomar cualesquiera de las siguientes medidas:

 

1. Suspensión de la publicidad.

 

2. Suspensión de las actividades.

 

3. Aseguramiento de los recursos obtenidos por dicha actividad.

 

4. Aseguramiento de los bienes, objetos y demás elementos utilizados para realizar dichas operaciones.

 

5. Clausura de los establecimientos.

 

6. Solicitar a las autoridades competentes que se acuerden las medidas de inmovilización de cualquier tipo de cuenta, colocación o transacción financiera y la da enajenar y gravar bienes.

 

7. Adoptar cualquier otra medida que estime necesaria con el propósito de evitar las actividades descritas en el presente artículo.

 

El ente de tutela, el mismo día que se ejecute cualquiera de las medidas de resguardo antes señaladas, levantará el acta de ejecución y notificará de la misma a la persona natural o jurídica sobre quien recaiga la medida mediante publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, e informará al Fiscal General de la República. Igualmente, el ente de tutela podrá publicar su decisión en uno de los diarios de mayor circulación nacional así como colocar en un lugar visible del local donde la persona natural o jurídica ejerce su actividad un cartel donde se especifique la medida de resguardo tomada y el motivo de la misma.

 

El ente de tutela podrá requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento u obstaculización por parte de cualquier persona y ello fuere necesario para hacer cumplir las medidas que se adopten en la ejecución de las actuaciones previstas en este artículo así como para practicar las diligencias necesarias para el desempeño de sus funciones.

 

120. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 92 que pasa a ser el 92, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 92. De la prevención, control y fiscalización de la legitimación de capitales en sus tres fases. El Ejecutivo Nacional creará los mecanismos de fiscalización y control necesarios para prevenir la legitimación de capitales en sus tres (3) fases principales de “Colocación”, “Procesamiento” e “Integración”, de tal manera que los sujetos obligados sean orientados para diseñar y desarrollar un “Sistema Integral de Prevención y Control” que comprenda medidas apropiadas suficientes y eficaces orientadas a evitar que en la realización de cualquier transacción de naturaleza financiera sean utilizados como instrumento para ocultar el origen, propósito u objeto y destino ilícito de los capitales ya sea por disposición, transferencias, conversión o cualquier otro manejo e inversión incluyendo compra y venta de valores o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

 

121. Se propone modificar el artículo 98 que pasa a ser el 93, a fin de agregar quienes son los responsables de los sujetos obligados para cumplir con als obligaciones cargas y deberes del sistema integral de prevención y control de la Legitimación de Capitales con el objeto de poder cerrar el delito del Artículo 6 sobre favorecimiento culposo en la prevención, control de la legitimación de Capitales para que no haya una posición de garante indeterminada, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 93. Implementación del Sistema Integral de Prevención y Control. A fin de implementar el “Sistema Integral de Prevención y Control” al cual se refiere el artículo anterior, los responsables de los sujetos obligados serán:

 

1. La Junta Directiva.

 

2. El Presidente del sujeto obligado o que haga sus veces.

 

3. El oficial de cumplimiento de prevención de legitimación de capitales.

 

4. El comité de prevención y control de legitimación de capitales.

 

5. La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

 

6. El responsable de cumplimiento en cada área de riesgo.

 

Y deberán diseñar y desarrollar programas que tengan como finalidad minimizar y controlar la legitimación de capitales incluyendo como mínimo:

 

1. Desarrollo de políticas, compromiso institucional, manual de procedimientos de controles internos, códigos de ética, así como procedimientos eficientes y eficaces de seguimiento adecuados para asegurar altos niveles al contratar empleados. El sistema de control interno debe comprender como mínimo:

 

a) Sistema de organización y administración.

 

b) Sistema de control de riesgo.

 

c) Sistema de informaciones.

 

d) Evaluación del sistema de control interno por la unidad de auditoría interna del sujeto obligado.

 

2. Plan operativo anual con su correspondiente programa anual de Seguimiento, Evaluación y Control.

 

3. Designación de oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables en las áreas sensibles y comité y unidades de prevención y control de legitimación de capitales.

 

4. Programas tendentes a implementar las políticas “Conozca su Cliente”, “Conozca su Empleado”, “Conozca su Marco Legal”, “Conozca su Operación o Transacción”, “Conozca su Oficina, Sucursal o Agencia”, “Conozca su Tercero Contratado”, “Conozca su Banca Privada” y “Conozca su Banco o Casa de Cambio Corresponsal”.

 

5. Programas continuos de inducción, información, formación y entrenamiento de funcionarios y empleados que trabajan en áreas sensibles relacionadas con las materias reguladas por esta Ley.

 

6. Mecanismos eficaces, eficientes y modernos de auditoría interna y externa bajo los estándares internacionales para controlar sistemas y actividades que tendrá que evaluar como mínimo:

 

a) El diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno y su unidad de riesgo.

 

b) El cumplimiento de disposiciones legales que rigen a los sujetos obligados.

 

c) Las normas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras u otros organismos de tutela.

 

d) El funcionamiento de los sistemas informáticos y los mecanismos de seguridad.

 

e) El cumplimiento de manuales de políticas y procedimientos y demás normas internas.

 

f) El seguimiento permanente de la implementación de las observaciones y recomendaciones formuladas por su organismo de tutela por los auditores externos.

 

Los entes de tutela reglamentarán estas disposiciones y serán los responsables de su cumplimiento, su implementación y fiscalización.

 

122. Se propone modificar el artículo 99 que pasa a ser el 94, al agregarle el término “remisión” a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 94. De las medidas para el control de remisión de dinero y bienes a zonas o lugares donde no se apliquen regulaciones contra la legitimación de capitales. El Ejecutivo Nacional, a través de los organismos de tutela, creará y adoptará las medidas necesarias para evitar o detectar la remisión de dinero o bienes por cualquier medio a zonas o lugares en las que no se apliquen regulaciones contra legitimación de capitales similares a las de esta Ley, o que las mismas no sean suficientes, con la finalidad de retornarlos al país o mantenerlos u ocultarlos en el exterior de la República en colocaciones seguras, así como para hacerlos llegar a organizaciones delictivas que tienen sus asientos o intereses principales distribuidos o diseminados en distintas regiones del mundo.

 

123. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 100 que pasa a ser el 95, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 95. De las medidas sobre negocios o transacciones a países con secreto bancario, banca de paraísos fiscales, zonas libres o centros de producción de drogas. Los sujetos obligados prestarán especial atención y crearán procedimientos y normas internas de prevención y control sobre las relaciones de negocios y transacciones de sus clientes con personas naturales y jurídicas ubicadas en países o territorios cuya legislación es estricta en cuanto al secreto bancario, secreto de registro y secreto comercial o no aplican regulaciones contra legitimación de capitales similares a las vigentes en Venezuela o que las mismas sean insuficientes. Asimismo sobre aquellas donde exista banca de paraísos fiscales y zonas libres o francas o cuya situación geográfica sea cercana a los centros mayores de consumo, de producción y de tránsito de drogas ilícitas.

 

La misma atención deberán prestar en los casos en los que las relaciones bancarias o de negocios se efectúen con zonas o territorios que frecuentemente son mencionados en los Reportes de Actividades Sospechosas, los que son susceptibles a ser utilizados aún sin su conocimiento o consentimiento como escala o puente en las rutas de tráfico de droga ilícita que pasan por el territorio nacional desde regiones productoras de drogas ilícitas ubicados en América hacia los centros mundiales o regionales de consumo. Cuando estas transacciones no tengan en apariencia ningún propósito que las justifiquen, deberán ser objeto de un minucioso examen y si a juicio del sujeto obligado fueren clasificadas como actividades sospechosas, los resultados de dichos análisis deberán ser puesto de inmediato y por escrito a disposición de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. La transgresión de esta norma se sancionará con multa equivalente a entre mil seiscientas (1.600) y dos mil seiscientas (2.600) unidades tributarias.

 

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá dar a conocer a las instituciones bajo su supervisión los países, territorios o zonas a las cuales se refiere el presente artículo.

 

124. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 101 que pasa a ser el 96, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 96. De la aplicación de las normas de prevención, control y fiscalización contra la legitimación de capitales a sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior. Los bancos e instituciones financieras deberán asegurarse de que las disposiciones relativas a la prevención y control de legitimación de capitales contempladas en esta Ley sean aplicadas a las sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior cuando las leyes vigentes o aplicables en el exterior no permitan la instrumentación o aplicación de estas medidas de prevención y control; las respectivas sucursales o subsidiarias deberán informar a la oficina principal de la institución bancaria o financiera de que se trate, a fin de establecer un sistema computarizado que permita hacer un seguimiento adecuado de los movimientos de dinero en el supuesto a que este Título se refiere.

 

125. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 102 que pasa a ser el 97, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 97. De las normas para los representantes de entidades bancarias o financieras extranjeras. Los representantes de bancos o financiadoras extranjeras deberán advertir a sus casas matrices, oficinas o sucursales que para ejercer la representación deberán someterse a estas disposiciones en Venezuela.

 

126. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 103 que pasa a ser el 98, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 98. De las normas de prevención y seguridad para evitar que la delincuencia organizada adquiera acciones en los sujetos obligados. Los organismos de tutela adoptarán las medidas necesarias para evitar la adquisición del control o de participaciones significativas del capital de los sujetos obligados por personas naturales o jurídicas vinculadas a los delitos previstos en esta Ley o a actividades relacionadas con los mismos.

 

127. Se propone modificar el artículo 104 que pasa a ser el 99, al suprimir el término “falta” por el término “infracción” quedando su texto como sigue:

 

Artículo 99. De las reglas para aplicar sanciones a los sujetos obligados. Las sanciones penales de los sujetos obligados se impondrán de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido, la gravedad de la infracción, las consecuencias para las empresas y la necesidad de prevenir la comisión de estos hechos por parte de ellas, sin causarles un perjuicio que les lleve a cesar en sus actividades lícitas, por lo que la multa deberá ser adecuada a sus recursos económicos y capital pagado cuando fueren consideradas pequeñas empresas como en los casos de las casas de cambio u operadores de cambios fronterizos u otros negocios en igual situación económica pudiéndose las mismas reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%).

 

128. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo II, quedando igual su contenido:

 

Capítulo II - De la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

 

 

129. Se propone modificar el artículo 105 que pasa a ser el 100, colocándole el plural en “investigaciones penales” a fin de mejorar la redacción quedando su texto como sigue:

 

Artículo 100. Del objeto de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. El Ministerio de Finanzas contará con una Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, la cual será el organismo central nacional encargado de solicitar, recibir, analizar, archivar y transmitir a las autoridades de policía de investigaciones penales competentes y a los fiscales del Ministerio Público la información financiera que requieren para realizar sus investigaciones, así como los reportes de actividades sospechosas sobre legitimación de capitales que deben efectuar los sujetos obligados por esta Ley.

 

130. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 106 que pasa a ser el 101, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 101. De las naturaleza jurídica de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera será un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional y financiera y constituirá un órgano administrativo de carácter técnico especial, dependiente jerárquicamente del Ministro de Finanzas y actuará como órgano centralizador a nivel nacional para recibir de todos los entes de tutela y de los sujetos obligados por esta Ley, la información financiera a la que se refiere el artículo anterior.

 

131. Se propone modificar el artículo 107 que pasa a ser el 102, al colocar la misma letra del “Director” en mayúscula y agregar cinco en letras quedando su texto como sigue:

 

Artículo 102. Del Director de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera estará bajo la dirección y responsabilidad de un director, quien deberá ser venezolano, mayor de 30 años de edad, de reconocida solvencia moral y tener experiencia en materia de prevención y control de legitimación de capitales, así como haberse desempeñado en cargos relevantes relacionados con la especialidad durante cinco (5) años por lo menos demostrando competencia y conocimientos del sistema financiero.

 

El Director de la Unidad será designado por el Ministro de Finanzas, el cual permanecerá en el cargo por cinco (5) años y sólo podrá ser removido por las siguientes causas:

 

1. Falta de probidad, vías de hecho, injuria, conducta inmoral o acto lesivo al buen nombre o a los intereses de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

 

2. Perjuicio material grave, causado intencionalmente o por negligencia manifiesta a los intereses de la República.

 

3. Condena penal que implique privación de la libertad.

 

4. Incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

 

 

132. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 108 que pasa a ser el 103, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 103. De las atribuciones del Director. El Director de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera tendrá las siguientes atribuciones:

 

1. Ejercer la representación legal de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

 

2. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, así como autorizar las actuaciones que ella deba cumplir en el ejercicio de sus funciones.

 

3. Fijar la orientación de la acción de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y elaborar los programas a cumplir en cada ejercicio presupuestario.

 

4. Preparar y ejecutar el presupuesto anual de gastos de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.

 

5. Nombrar y remover a los funcionarios de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, asignarles sus funciones y obligaciones y fijarles su remuneración, sin más limitaciones que las que se establezcan en el presente Título y en el estatuto funcionarial.

 

6. Dictar el Reglamento Interno de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, el Manual de Sistemas y Procedimientos y las normas administrativas necesarias para su funcionamiento.

 

7. Las demás que le señalen las leyes.

 

133. Se propone modificar el artículo 109 que pasa a ser el 104, eliminándose la frase “de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 104. De la obligación de informar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Los entes de tutela que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, instruirán a sus sujetos obligados sobre las características y en relación con la información a recabar para la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, de acuerdo a los criterios e indicaciones que reciban de ésta sobre el particular, así también aquellos organismos que pertenezcan a la Red Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales.

 

134. Se propone modificar el artículo 110 que pasa a ser el 105, en su numeral 2do. A fin de mejorar la redacción colocándole el plural y el 10mo. El singular quedando su texto como sigue:

 

Artículo 105. De las facultades, atribuciones y deberes de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera tendrá las siguientes facultades, atribuciones y deberes:

 

1. Diseñar y recomendar a los organismos de tutela, las políticas y procedimientos de prevención y control que como mínimo deben implementar los sujetos obligados regidos por esta Ley, así como para los nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para la legitimación de capitales.

 

2. Recabar la información financiera requerida para apoyar al Ministerio Público, a los órganos de investigaciones penales y a los organismos administrativos de investigación competentes, proporcionándoles la información financiera que requieran para adelantar sus investigaciones.

 

3. Recibir, complementar y analizar los reportes de actividades sospechosas elaborados por los sujetos obligados de los entes de tutela mencionados en el artículo 70 de esta Ley, para notificar al Ministerio Público aquellos que se consideren vinculados con los delitos comprendidos o tipificados en esta Ley, así como archivar aquellos que no presenten suficientes características delictivas hasta que surjan nuevos elementos de convicción para considerar procedente su presentación ante las mencionadas autoridades.

 

4. Realizar la investigación y análisis de inteligencia a nivel administrativo y para llevar en forma actualizada archivos y bases de datos que puedan proporcionar información adicional y correlacionada a las autoridades competentes de investigaciones penales y al Ministerio Público.

 

5. Recibir información adicional de las autoridades de investigaciones penales y el Ministerio Público así como tramitarla e intercambiar información con las Unidades de Inteligencia Financiera en el país o en el extranjero o con autoridades administrativas o policiales de otros países, para lo cual el Director de Unidad Nacional de Inteligencia Financiera estará facultado para negociar convenios, memorando de entendimiento, acuerdos o instrumentos similares de cooperación e intercambio de información con dichas Unidades en el exterior y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar, las cuales serán suscritas por el Ministro de Finanzas.

 

6. Solicitar a los otros entes de tutela y a cualquier entidad pública o privada, los reportes periódicos y demás informaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

 

7. Realizar inspecciones especiales en el área de prevención y control contra la legitimación de capitales a los sujetos obligados por esta Ley, y solicitar y coordinar con los otros entes de tutela, igual tipo de inspecciones a sus sujetos obligados.

 

8. Contribuir con el adiestramiento de los inspectores de los organismos de tutela y con el personal de las instituciones financieras en el área de prevención, control y detección de operaciones de legitimación de capitales, así como a los órganos de investigaciones penales, Ministerio Público y tribunales.

 

9. Ejercer funciones de asesoría tecno-científica para las policías de investigaciones penales, el Ministerio Público y tribunales penales mediante los expertos analistas de investigación y auxiliares especializados de esta unidad administrativa.

 

10. Solicitar al ente de tutela correspondiente la suspensión de operaciones ilegales, de operaciones no autorizadas o que a juicio de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, se presuma su utilización para legitimar capitales.

 

11. Promulgar normativas prudenciales de obligatorio cumplimiento para los sujetos obligados por esta Ley necesarias para el logro de sus fines y todas aquellas otras medidas de naturaleza prudencial y preventiva que juzgue necesario adoptar para prevenir, detectar y controlar la legitimación de capitales.

 

12. El establecimiento de las reglas conforme a las cuales podrán practicar inspecciones especiales a los sujetos obligados por esta Ley.

 

13. La determinación de cualquier información que deban suministrar los entes sometidos a las disposiciones de esta Ley, así como el señalamiento de su forma y contenido.

 

14. Representar a la República en los eventos internacionales celebrados por los organismos internacionales que agrupen este tipo de Unidades y a los eventos contra la legitimación de capitales en los cuales deba participar la República.

 

15. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera remitirá periódicamente a las Comisiones Nacionales Contra la Delincuencia Organizada y el Uso Ilícito de las Drogas o cuando ella lo requiera, información de carácter estratégico y sobre los reportes de actividades sospechosas, con fines estadísticos y para el diseño y elaboración de políticas públicas, estrategias y planes operativos nacionales en materia de prevención y control de legitimación de capitales.

 

135. Se propone modificar el artículo 111 que pasa a ser el 106, al colocar el plural en “investigaciones penales” quedando su texto como sigue:

 

Artículo 106. De las facultades de investigación y análisis de inteligencia de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Esta Unidad Nacional está facultada para realizar la investigación y análisis de inteligencia a nivel administrativo para llevar en forma actualizada archivos y base de datos que puedan suministrar información adicional y correlacionadas a las autoridades competentes de investigaciones penales, al Ministerio Público y los jueces penales.

 

Igualmente está facultada para recibir información adicional de las autoridades de investigaciones penales y el Ministerio Público, así como trasmitirla e intercambiar información con las Unidades de Inteligencia Financiera en el extranjero u otros entes administrativos competentes en la materia.

 

136. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 112 que pasa a ser el 107, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 107. De la información debida a otras autoridades públicas. Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones legales, los datos o informaciones obtenidos por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera podrán ser suministrados previa la correspondiente solicitud al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional, al Defensor del Pueblo, al Procurador General de la República, al Contralor General de la República, a los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la República, al Ministro de Interior y Justicia, al Ministro de la Defensa, al Ministro de Finanzas, Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria, al Presidente del Banco Central de Venezuela, al Presidente de la Comisión Nacional de Valores, al Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras y al Superintendente de Seguros, para fines oficiales o dentro de los límites de una investigación penal o administrativa.

 

Igualmente será suministrada la información requerida a los organismos a que se refieren los acuerdos de cooperación internacional y asistencia judicial recíproca suscritos con otros países.

 

Cuando las circunstancias lo requieran, la información a que se refiere el párrafo anterior podrá ser suministrada al Presidente del Consejo Bancario Nacional y a organismos de supervisión bancaria y financiera de otros países.

 

137. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 113 que pasa a ser el 108, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 108. Del financiamiento del presupuesto. El presupuesto anual de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera será financiado conjuntamente con los recursos provenientes de un aporte especial correspondiente a un porcentaje de los recursos a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley y con los aportes presupuestarios que le asigne el Ejecutivo Nacional con cargo al presupuesto del Ministerio de Finanzas.

 

138. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 114 que pasa a ser el 109, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 109. De la elaboración del presupuesto. La elaboración del proyecto de presupuesto anual corresponde al Director, quien lo presentará a la Asamblea Nacional por intermedio del Ministro de Finanzas para su tramitación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario.

 

139. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 115 que pasa a ser el 110, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 110. Del aporte especial para el presupuesto. Están obligados al pago del aporte especial, los sujetos obligados que cuenten con mas de 200 empleados regidos por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por la Ley de Seguros y Reaseguros, la Ley del Mercado de Valores y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regulan el Sistema Financiero Público del Estado Venezolano.

 

El Ministro de Finanzas velará porque el monto del aporte sea suficiente para cubrir los gastos previstos en el presupuesto de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. A tal fin, fijará semestralmente la cuota de aporte especial que deberán pagar los aportantes a que se refiere el artículo anterior, la cual será propuesta por el Director de la Unidad y aprobado por el Ministro de Finanzas.

 

 

140. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 116 que pasa a ser el 111, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 111. De la liquidación del aporte. El aporte especial será liquidado por el Director de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera o por los funcionarios que éste designe.

 

El aporte especial se pagará mensualmente, a razón de un sexto (1/6) de la suma semestral resultante, en los primeros cinco (5) días hábiles bancarios de cada mes.

 

141. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 117 que pasa a ser el 112, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 112. De la información para determinar el aporte. Para la determinación y liquidación del aporte especial, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera podrá requerir de los aportantes la información que juzgue necesaria y estos deberán consignarla en el plazo que ella señale.

 

142. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 118 que pasa a ser el 113, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 113. De la mora en la entrega del aporte. Cuando el aporte especial no sea pagado en la fecha en que sea exigible, el aportante deberá pagar intereses moratorios a la tasa que fija mensualmente el Banco Central de Venezuela de conformidad con el Código Orgánico Tributario.

 

143. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 119 que pasa a ser el 114, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 114. De la inspección. Después de practicada una inspección, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera enviará al sujeto obligado o cualesquiera otras personas sometidas a su supervisión o cualquier empresa en que haya sido realizada, una copia del informe con reserva de las partes que considere confidenciales y formulará las instrucciones o recomendaciones que estime necesarias.

 

Cuando se trate de sucursales de bancos e instituciones financieras extranjeras, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera remitirá copia de los informes y demás datos que considere suministrar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

 

Si la dirección o administración de un sujeto obligado no acogiera las instrucciones, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera informará al correspondiente ente de tutela para que sean tomadas las acciones correctivas necesarias.

 

144. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 120 que pasa a ser el 115, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 115. De las funciones de inspección, vigilancia, supervisión y control. El Director y el personal de inspección de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera tendrán en el ejercicio de sus funciones el más amplio e ilimitado derecho de inspección, vigilancia, supervisión y control, inclusive la revisión de todos los libros existentes, prescritos o no por el Código de Comercio, así como los sistemas informáticos, base de datos, dispositivos de acceso o almacenamiento magnéticos o electrónicos de datos, correspondencia electrónica o impresa y demás documentos relacionados con las actividades de las empresas y personas sometidas a su vigilancia y control.

 

145. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo III, quedando igual su contenido:

 

Capítulo III - De los organismos policiales de investigaciones penales y del Ministerio Público

 

146. Se propone modificar el artículo 121 que pasa a ser el 116, al colocar el plural en “investigaciones penales”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 116. De los órganos competentes de investigaciones penales. Son competentes como autoridades de policía de investigaciones penales bajo la dirección del Ministerio Público:

 

1. La Dirección General de Investigaciones Penales (C.T.P.J.)

 

2. Los organismos competentes de la Armada dentro de su área de influencia.

 

3. Los organismos competentes de la Guardia Nacional.

 

147. Se propone modificar el artículo 122 que pasa a ser el 117, para cambiar el nombre de Cuerpo Técnico de Polícia Judicial y mayúscula en la Dirección, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 117. De la infraestructura de los órganos de investigaciones penales La Dirección General de Investigaciones Penales (C.T.P.J.) y los órganos competentes de la Guardia Nacional, como organismos de investigaciones penales, crearán en sus respectivas dependencias unidades de investigación financiera a fin de investigar la legitimación de capitales y los delitos financieros provenientes de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada. El Cuerpo de investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas creará una Dirección General contra la Delincuencia Organizada que contendrá divisiones especializadas en los delitos previstos en esta Ley y una Dirección Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

 

148. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 123 que pasa a ser el 118, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 118. De la dirección general del Ministerio Público contra la delincuencia organizada. El Ministerio Público creará una dirección general contra la delincuencia organizada, dotada de un equipo técnico especialista en investigación y análisis de los delitos de legitimación de capitales y otros delitos financieros y económicos. De esta dirección general dependerá una dirección contra el Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. El Ministerio Público creará programas especiales de información, formación y capacitación para los fiscales del Ministerio Público en esta materia

 

149. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo IV, quedando igual su contenido:

 

Capítulo IV - De la Comisión Nacional Contra la Delincuencia Organizada

 

150. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 124 que pasa a ser el 119, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 119. De la Comisión Nacional Contra la Delincuencia Organizada. El Ejecutivo Nacional creará una Comisión Nacional Contra la Delincuencia Organizada encargada de estudiar y procesar la información necesaria para controlar, evitar y reprimir las actividades delictivas de estas organizaciones. Este centro de coordinación nacional tendrá competencia para:

 

1. Coordinar los diferentes organismos de investigaciones penales competentes en las diferentes operaciones normales, especiales o encubiertas a que hubiere lugar.

 

2. Hacer el análisis situacional que sirva de fundamento a las estrategias y políticas públicas del Estado contra estos delitos.

 

3. Recoger, procesar y difundir los datos sobre las actividades del crimen organizado, circuitos financieros legales y legitimación de capitales.

 

4. Estipular y coordinar a nivel nacional e internacional los medios de investigación de los servicios de los ministerios encargados de evitar, controlar y reprimir los delitos tipificados en esta Ley y para estudiar las medidas que disminuyan la capacidad de producción de estas organizaciones.

 

151. Se propone modificar el artículo 125 que pasa a ser el 120, al modificar el nombre de Cuerpo Técnico de Policía Judicial, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 120. De las atribuciones y funciones de la Comisión Nacional Contra la Delincuencia Organizada. Esta comisión ministerial y permanente es el ente rector para la planificación de estrategias del Estado en política criminal contra los delitos de delincuencia organizada, a fin de reprimirlos, controlarlos y minimizarlos y será asesora del Ministro del Interior y Justicia en la materia. Estará presidido por un comisionado especial designado por el Ministro del Interior y Justicia y estará integrada por los jefes de delincuencia organizada del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, del órgano competente para persecución, injerencia, visita, y registro de la Armada y de delincuencia organizada de la Guardia Nacional, el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria, de la Dirección del Ministerio Público competente y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, con los cuales se diseñarán los planes operativos anuales contra la delincuencia organizada en coordinación con los de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas en materia de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales. La comisión contará con una unidad técnica de seguimiento, evaluación y control del plan operativo anual y así mismo contará con una Sala de Situaciones.

 

152. Se propone modificar el artículo 126 que pasa a ser el 121, al actualizar el nombre de la “Dirección General de Investigaciones Penales”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 121. De la junta especial de la Comisión Nacional Contra la Delincuencia Organizada. En el primer mes del año el Ministro del Interior y Justicia convocará una junta especial presidida por él e integrada por el Comisionado Especial, el Ministro de Finanzas, el Director General de la Dirección General de Investigaciones Penales (C.T.P.J.), el Comandante de la Armada, el Comandante de la Guardia Nacional, y el Fiscal General de la República para el diseño de las estrategias anuales contra la delincuencia organizada, las cuales coordinarán con las estrategias diseñadas por la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de Drogas en materia de tráfico de drogas y legitimación de capitales. En el último mes del año se convocará a esta junta para realizar una evaluación de las estrategias diseñadas.

 

153. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo V, quedando igual su contenido:

 

Capítulo V - De la obligación legal de información, formación y  capacitación de sus trabajadores

 

154. Se propone modificar el artículo 127 que pasa a ser el 122, al agregar luego de tabaco “con sus mezclas como el chimó”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 122. De la obligación legal de información, formación y capacitación de sus trabajadores. Las personas jurídicas privadas que ocupen doscientos (200) trabajadores o más, destinarán el uno por ciento (1%), de su ganancia neta anual a programas de prevención integral social contra el tráfico y consumo de drogas ilícitas, alcohol y tabaco con sus mezclas como el chimó para sus trabajadores y entorno familiar y de prevención contra legitimación de capitales dirigidos a sus trabajadores. Las empresas pertenecientes a grupos económicos se consolidarán a los fines de cumplir con esta previsión.

 

155. Se propone modificar el artículo 128 que pasa a ser el 123, al agregar luego de tabaco “con sus mezclas como el chimó”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 123. Del personal instructor idóneo. Los programas de Prevención Integral Social contra el Tráfico y Consumo de Drogas Ilícitas, Alcohol y Tabaco con sus mezclas como el chimó que sean imputados a esta partida, sólo podrán ser dictados por personas naturales especializados en la materia o de comprobada experiencia, o por empresas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta labor con profesionales idóneos que se encuentren registradas en la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas. Este organismo creará un registro para este control.

 

Iguales requisitos serán exigidos para las personas naturales o jurídicas que pretendan impartir programas de entrenamiento en materia de prevención contra legitimación de capitales al personal de los sujetos obligados, y deberán estar debidamente inscritos en el registro que para los efectos lleven los correspondientes entes de tutela.

 

156. Se propone modificar el artículo 129 que pasa a ser el 124, al suprimir “diferentes” al inicio del último aparte, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 124. De los aportes al Ejecutivo. Cuando las empresas efectúen aportes al Ejecutivo para programas concretos de equipamiento, entrenamiento, prevención integral social contra el tráfico y consumo de drogas ilícitas, alcohol y tabaco, o para la prevención y control de la legitimación de capitales destinados a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, a las unidades contra legitimación de capitales de los entes de tutela o a sus propias unidades de prevención y control, podrán ser imputados a esta previsión.

 

Los entes de tutela especificarán los diferentes rubros y actividades que serán imputables a esta obligación legal en materia de legitimación de capitales.

 

157. Se propone modificar el artículo 130 que pasa a ser el 125, al colocar el plural a “Procedimientos Administrativos”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 125. De la supervisión de los sujetos obligados. Los entes de tutela supervisarán el cumplimiento de esta disposición por parte de sus sujetos obligados y sancionarán al patrono infractor de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Para la persona natural responsable del incumplimiento de la multa prevista en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de estos programas, la conversión en arresto se regirá por la norma que a este respecto establece dicha Ley y se regirá por el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

Las empresas no declaradas sujetos obligados por esta Ley seguirán el mismo procedimiento con la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas y con auditores del Ministerio de Finanzas.

 

158. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo VI, quedando igual su contenido:

 

 Capítulo VI - De los Registros y Notarías

 

159. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 131 que pasa a ser el 126, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 126. De los requisitos a las transacciones por ante los registros y notarías. En los casos de operaciones de compraventa de inmuebles, el comprador deberá presentar ante la Oficina Subalterna de Registro respectiva su última declaración de impuesto sobre la renta dejando copia de la misma, en la cual conste de donde provienen los haberes para la adquisición de ese inmueble, y el vendedor y comprador deberán estampar sus huellas dactilares en los libros de los registros respectivos. Los registradores serán responsables del cumplimiento del asiento de las prohibiciones de enajenar y gravar, de inmuebles que provengan de los tribunales penales en procesos por delitos previstos en esta Ley. Los notarios deberán cumplir con el requisito de estampar la huella dactilar de los otorgantes en los documentos sobre operaciones que deban ser posteriormente registradas. El incumplimiento de esta disposición acarreará pena para el registrador o el notario de dos (2) a tres (3) años de prisión y multa equivalente a entre seiscientas (600) y mil (1.000) unidades tributarias.

 

160. Se propone modificar el artículo 132 que pasa a ser el 127, al agregar el término “terrestres” luego de automotores, “Nacional” luego de Unidad y el plural a investigaciones penales, a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 127. De la obligación de diseñar un sistema computarizado para registros y notarías. El Ministerio del Interior y Justicia diseñará un sistema computarizado y preverá que todos los registros y notarías puedan trasmitir a la dirección respectiva, un registro electrónico de las transacciones de inmuebles, naves y aeronaves, y las notarías de la compraventa de vehículos automotores terrestres, las cuales estarán a la disposición de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera y de los órganos de investigaciones penales y el Ministerio Público. El Ministerio dictará la respectiva resolución para regular este control.

 

161. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Título VI, quedando igual su contenido:

 

 TITULO VI - DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

 

162. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo I, quedando igual su contenido:

 

Capítulo I - De la cooperación internacional

 

63. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 133 que pasa a ser el 128, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 128. De los lineamientos para la cooperación internacional. La cooperación internacional para reprimir la delincuencia organizada y desmantelar las organizaciones se basará en los siguientes lineamientos:

 

1. Identificar a los individuos que se dedican a estas actividades delictivas, ubicarlos y reunir las evidencias necesarias para enjuiciarlos.

 

2. Obstaculizar las actividades de estas organizaciones.

 

3. Privar a estas organizaciones del producto obtenido en sus actividades ilícitas a través de las medidas precautelativas de incautación, decomiso o confiscación.

 

4. Desmantelar las organizaciones delictivas.

 

 

164. Se propone modificar el artículo 134 que pasa a ser el 129, para agregar su financiamiento para ponerla a tono con la Convención de las Naciones Unidas sobre la financiación del terrorismo, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 129. De la comunicación e intercambio con otros países. La comunicación e intercambio de información con las instituciones gubernamentales de otros países para investigar y procesar a los miembros de la delincuencia organizada, se referirá a los siguientes particulares:

 

1. Información sobre bienes hurtados o robados a fin de impedir la venta ilícita o su legalización.

 

2. Información sobre tipologías o métodos para falsificar pasaportes u otros documentos.

 

3. Información sobre el tráfico de personas, armas, drogas, legitimación de capitales y terrorismo y su financiamiento, así como información sobre el ocultamiento de mercancías en materia aduanera y cualquier otra actividad ilícita de la delincuencia organizada.

 

165. Se propone modificar el artículo 135 que pasa a ser el 130, al agregar el plural a “investigaciones penales” a fin de mejora la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 130. De la investigación financiera del sospechoso. Cuando haya elementos de convicción de que una persona ubicada en el país pertenece a una asociación de delincuencia organizada, el Ministerio Público, a través de la dirección competente del Ministerio de Finanzas, investigará administrativamente sobre el modo de vida, disponibilidad financiera y patrimonio de esa persona, a fin de conocer la proveniencia de sus bienes acerca de los cuales puede ser propuesta una medida preventiva a solicitud del Ministerio Público o de los órganos de investigaciones penales. La investigación podrá extenderse cuando lo considere necesario al cónyuge, a los hijos y aquellos que en el último quinquenio hayan convivido con la persona investigada así como también respecto a las personas físicas, jurídicas, asociaciones o entes de cuyos patrimonios la persona investigada pueda disponer en todo o en parte, directa o indirectamente.

 

166. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo II, quedando igual su contenido:

 

Capítulo II - Asistencia judicial internacional recíproca

 

167. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 136 que pasa a ser el 131, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 131. De la asistencia judicial internacional recíproca. El Estado Venezolano a través de sus organismos competentes prestará la más amplia asistencia judicial recíproca en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes a los delitos tipificados en esta Ley, cuando ello sea requerido por otro Estado, de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, los tratados y convenios suscritos por Venezuela.

 

Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones derivadas de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes que rijan total o parcialmente la asistencia judicial recíproca en asuntos penales.

 

168. Se propone modificar el artículo 137 que pasa a ser el 132, en su título para agregar al Fiscal, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 132. De las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Fiscal General de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de transmitir las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y en circunstancias urgentes, cuando las partes convengan en ello, por conducto de las policías de investigaciones penales competentes o la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser ello posible, lo cual no obsta para que las autoridades competentes del país requirente soliciten en materia de drogas el cumplimiento del numeral 8 del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y en materia de terrorismo, tráfico de armas, legitimación de capitales de cualquier delito de delincuencia organizada en cumplimiento de los artículos 18 y 25 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a fin de facilitar el intercambio rápido y seguro de información sobre delitos y autores requeridos, en estos casos la autoridad competente será el Fiscal General de la República.

 

Las solicitudes deberán presentarse por escrito en idioma castellano o en un idioma aceptado por el Estado Venezolano. En situaciones de urgencia y cuando los estados convengan en ello, se podrán hacer las solicitudes verbalmente, debiendo ser confirmadas por escrito o cualquier medio electrónico o informático.

 

169. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 138 que pasa a ser el 133, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 133. De los requisitos de la solicitud de asistencia judicial. En las solicitudes de asistencia judicial recíproca el Estado Venezolano exigirá lo siguiente:

 

1. La identidad de la autoridad que haga la solicitud.

 

2. El objeto y la índole de la investigación, del proceso o de las actuaciones a que se refiere la solicitud y el nombre y funciones de la autoridad que las esté efectuando.

 

3. Un resumen de los datos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes para la presentación, actuaciones y procedimientos.

 

4. Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que la parte requirente desee que se aplique.

 

5. Cuando sea posible la identidad y la nacionalidad de toda persona involucrada y el lugar en que se encuentre, así como la finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

 

6. El tiempo requerido para cumplir con lo solicitado.

 

El Estado Venezolano podrá solicitar información adicional cuando sea necesario para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

 

El Estado requirente no comunicará ni utilizará sin previo consentimiento del Estado Venezolano, la información o las pruebas proporcionadas para otras investigaciones, procesos o actuaciones, distintas de las indicadas en la solicitud.

 

 

170. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 139 que pasa a ser el 134, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 134. De la solicitud de reserva. El Estado requirente podrá exigir que el Estado Venezolano mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Venezolano no puede mantener esa reserva lo hará saber de inmediato al Estado requirente.

 

171. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 140 que pasa a ser el 135, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 135. De la denegación de la asistencia judicial recíproca. La asistencia judicial recíproca solicitada podrá ser denegada en los siguientes casos:

 

1. Cuando la solicitud no se ajuste a lo dispuesto en el presente capítulo.

 

2. Cuando el Estado Venezolano considere que el cumplimiento de lo solicitado pudiera menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales.

 

3. Cuando sea una solicitud formulada en relación con un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigación, procesamiento o actuaciones en el ejercicio de su propia competencia.

 

4. Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico de Venezuela en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

 

Las denegaciones a asistencia judicial recíproca serán motivadas.

 

 

172. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 141 que pasa a ser el 136, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 136. Del diferimiento de la asistencia judicial recíproca. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por Venezuela si perturbase el curso de una investigación, un proceso o unas actuaciones. En tal caso, el Estado Venezolano deberá consultar con el Estado requirente para determinar si es aún posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones que la primera estime necesaria.

 

173. Se propone modificar el artículo 142 que pasa a ser el 137, al sustituir mérito por el término “experto” procesamiento por “enjuiciamiento” y colocar voluntaria en singular, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 137. De los testigos, expertos u otras personas. El testigo, experto u otra persona que consienta en declarar en juicio o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado requirente, no será objeto de enjuiciamiento, detención o castigo, ni de ningún tipo de restricción de su libertad personal en dicho territorio, por actos, omisiones o por declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado requerido. Este salvoconducto cesará cuando el testigo, experto u otra persona, hayan tenido durante quince (15) días consecutivos o durante el periodo acordado por los Estados después de la fecha en que se le haya informado oficialmente que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante su permanencia voluntaria en el territorio o regrese espontáneamente a él después de haberlo abandonado.

 

174. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 143 que pasa a ser el 138, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 138. De los gastos ordinarios de la ejecución de la solicitud. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud serán sufragados por el Estado requirente, salvo que ambos estados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

 

175. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 144 que pasa a ser el 139, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 139. De la remisión de actuaciones penales. El Estado Venezolano considerará la posibilidad de remitir actuaciones penales en los casos concretos para el procesamiento de los delitos tipificados en esta Ley, cuando estime que esa remisión obrará en interés de una correcta administración de justicia.

 

176. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo III, quedando igual su contenido:

 

 

Capítulo III - Otras formas de cooperación y capacitación

 

177. Se propone modificar el artículo 145 que pasa a ser el 140, al colocar en plural “investigaciones penales”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 140. De la creación de equipos conjuntos para la seguridad de personas y equipos. Los Estados interesados crearán equipos conjuntos teniendo en cuenta la necesidad de proteger la seguridad de las personas y las operaciones. El Estado Venezolano creará la unidad de inteligencia financiera y las unidades de investigación financiera en los órganos policiales de investigaciones penales y en el Ministerio Público que sean necesarias y establecerá enlaces de cooperación internacional con otros países u organizaciones supragubernamentales, para dar efecto a lo dispuesto en el presente capítulo.

 

Los funcionarios venezolanos y extranjeros que integren esos equipos actuarán conforme a lo permitido por las autoridades competentes del territorio en que se ha de llevar a cabo la operación. En todos estos casos el Estado Venezolano velará por que se respete plenamente la soberanía del Estado en cuyo territorio se ha de realizar la operación, proporcionando cuando corresponda las cantidades necesarias de las sustancias o cosas para su análisis o investigación y facilitando una coordinación eficaz entre sus organismos y servicios competentes y promoverá el intercambio de personal y de otros expertos, incluso destacando funcionarios de enlace y exigirá reciprocidad para con el Estado que integre el equipo.

 

178. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Capitulo IV, quedando igual su contenido:

 

Capítulo IV - Del decomiso o confiscación en la cooperación judicial recíproca

 

179. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 146 que pasa a ser el 141, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 141. De las medidas de cooperación en el decomiso o confiscación. El Estado Venezolano adoptará las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso o la confiscación en atención a la cooperación internacional:

 

1. Del producto derivado de los delitos tipificados en ésta Ley o de bienes cuyo valor sea equivalente al de ese producto.

 

2. De estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los materiales y equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en cualquier forma para cometer los delitos tipificados en esta Ley.

 

180. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 147 que pasa a ser el 142, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 142. De las medidas de identificación, detección, embargo e incautación. El Estado Venezolano también adoptará las medidas que sean necesarias para permitir a sus tribunales penales, Ministerio Público, Cuerpo Técnico de Policía Judicial y órganos competentes de la Armada y la Guardia Nacional, la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos o cualquiera otros elementos sujetos a decomiso o confiscación en la asistencia judicial recíproca. A fin de dar aplicación a las medidas mencionadas en el presente artículo, el Estado Venezolano faculta a sus tribunales penales a ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales solicitados por el Estado requirente y no podrá negarse a aplicar las disposiciones del presente Capítulo amparándose en el secreto bancario.

 

181. Se propone modificar el artículo 148 que pasa a ser el 143, al agregar “de decomiso de productos, bienes e instrumentos” a fin de mejor su redacción, se suprime “competente respecto de un” y se coloca la frase “cuando se trate”, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 143. Del decomiso de productos, bienes e instrumentos. Al recibirse una solicitud de otro Estado de decomiso de productos, bienes e instrumentos formulada con arreglo a las presentes disposiciones cuando se trate de un delito tipificado en esta Ley, el Estado Venezolano para proceder al decomiso del producto, los bienes, los instrumentos y cualquier otro de los elementos a que se refiere el presente Capítulo, la presentará ante sus autoridades competentes a fin de que se le dé cumplimiento en la medida solicitada.

 

182. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 149 que pasa a ser el 144, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 144. De la disposición de los bienes decomisados o confiscados. El Estado cuando decomise o confisque el o los bienes conforme al presente Capítulo, dispondrá de ellos en la forma prevista por su derecho interno y sus procedimientos judiciales y administrativos.

 

Al actuar a solicitud de otra parte con arreglo a lo previsto en el presente artículo, el Estado Venezolano podrá prestar particular atención a la posibilidad de concertar acuerdos a fin de:

 

1. Aportar la totalidad o una parte considerable del valor del producto y de los bienes, o de los fondos derivados de la venta de los mismos, a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o de otros delitos de Delincuencia Organizada.

 

2. Repartirse con otras partes, conforme a un criterio preestablecido o definido para cada caso, dicho producto, bienes o los fondos derivados de la venta de los mismos, con arreglo a lo previsto por su derecho interno, sus procedimientos administrativos o los acuerdos bilaterales o multilaterales que hayan concertado a este fin.

 

3. Cuando el producto se haya transformado o convertido en otros bienes, éstos podrán ser objeto de las medidas aplicables al producto mencionado en el presente Capítulo.

 

4. Cuando el producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, sin perjuicio de cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable, se podrán decomisar o confiscar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado.

 

5. Dichas medidas se aplicarán así mismo a los ingresos u otros beneficios derivados:

 

a) Del producto.

b) De los bienes en los cuales el producto haya sido transformado o convertido; o

c) De los bienes con los cuales se haya mezclado al producto de la misma manera y en la misma medida que el producto.

 

183. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 150 que pasa a ser el 145, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 145. De la protección de derechos de terceros de buena fe. Lo dispuesto en el presente Capítulo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

 

184. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 151 que pasa a ser el 146, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 146. De la extradición. La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo según el artículo 69 de los Derechos Políticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las reglas del artículo 6 del Código Penal.

 

La extradición de un extranjero por los delitos de delincuencia organizada, en ningún caso podrá ser negada, salvo la garantía del país requirente de no aplicarle las penas de muerte, de cadena perpetua, infamantes o que excedan de treinta (30) años para salvaguardar sus derechos civiles consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 43 y 44.

 

185. Se propone aprobar sin modificaciones el acápite de Título III, quedando igual su contenido:

 

TITULO VII - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 

186. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 152 que pasa a ser el 147, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 147. De las publicaciones de la Ley. Las publicaciones oficiales o privadas de esta Ley deberán ser precedidas de su Exposición de Motivos. El incumplimiento de esta disposición acarreará multa equivalente a entre ciento treinta y seis (136) y doscientas dos (202) unidades tributarias, impuesta por el Ministerio de Finanzas así como la incautación de la edición hasta tanto se le agregue la Exposición de Motivos.

 

187. Se propone modificar el artículo 153 que pasa a ser el 148, al colocar en plural “investigaciones penales” a fin de mejorar la redacción, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 148. De los recursos necesarios y leyes complementarias del sistema jurídico integral contra la delincuencia organizada. El Ejecutivo Nacional deberá someter a la consideración de la Asamblea Nacional de la República en el presupuesto fiscal del año 2002, los recursos necesarios para dotar y adiestrar suficientemente a todos los organismos públicos vinculados con la aplicación de esta Ley y para crear las infraestructuras de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, de las Unidades de Prevención contra la Legitimación de Capitales de los entes de tutela, de la Comisión Nacional Contra la Delincuencia Organizada, de las Direcciones y Servicios del Ministerio Público y de los cuerpos de investigaciones penales para la cabal aplicación de esta Ley.

 

La Asamblea Nacional de la República preverá en su agenda legislativa el dictar leyes especiales que complementen los objetivos de esta Ley como son: Reforma del Código Penal, Ley de Protección de la Víctima, Testigos, Jurados y Funcionarios Públicos, Reforma de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley de Decomiso Civil o de Extinción de Dominio Sobre los Bienes adquiridos por actividades ilícitas de la delincuencia organizada, reforma de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, la Ley sobre un Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y Ley Sobre Fraude con Dispositivos de Acceso.

 

188. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 154 que pasa a ser el 149, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 149. Del funcionamiento transitorio de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera funcionará en la sede de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de la cual recibirá el apoyo administrativo de personal, financiero y de equipamiento para su debido funcionamiento hasta tanto el Ejecutivo Nacional le dé la infraestructura y el presupuesto necesario.

 

189. Se propone aprobar sin modificaciones el artículo 155 que pasa a ser el 150, quedando su texto como sigue:

 

Artículo 150. Del equipamiento inicial de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Los sujetos obligados realizarán el aporte que especifique y determine el Ministerio de Finanzas a fin de contribuir con el equipamiento inicial que requiere la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera para su funcionamiento. Estos fondos podrán ser tomados de los previsto en el artículo 124 de esta Ley.